Llegan tiempos de vendimia y las tensiones en el mercado resurgen cual ave fénix, dispuestas a reclamar el protagonismo que merecen. El alivio de la situación sanitaria, a pesar de que el número de contagios está disparado, especialmente en nuestro país, no parece contar con la fuerza que ha demostrado en las anteriores olas. Quién sabe si por el hecho de tener más de veinticinco millones de personas con la pauta de vacunación completa, o por puro hartazgo de una sociedad que no termina de entender muy bien las consecuencias de tanto sacrificio. Con un claro sector, el hostelero, señalado como culpable de todos nuestros males.
Sea como fuere, el caso es que, dentro de apenas un par de semanas, estarán entrando los primeros racimos de uva en los lagares y la fijación del precio de las uvas y la formalización, obligatoria, del contrato entre las partes con el requisito de que este cubra los costes de producción; recuperan protagonismo. Volvemos a escuchar denuncias de las organizaciones agrarias reclamando que se cumpla la Ley de la Cadena de Valor, exigiendo de Competencia una diligente vigilancia para que no se produzcan acuerdos sobre precios que distorsionen la libre concurrencia en el mercado. Así como a unos viticultores que se declararán víctimas de un modelo productivo en el que son el último eslabón de una cadena que les condena a la ruina y borra toda posibilidad de relevo generacional en sus viñedos, ante la falta de rentabilidad.
Poniendo en evidencia a un sector que se ha mostrado totalmente incapacitado para mejorar los precios de sus productos y trasladar a los viticultores esa riqueza mínima que permita garantizar calidad y continuidad.
Y, a pesar de ello (o igual como consecuencia), los viticultores se muestran dispuestos a apostar por el futuro del sector y aspiran a hacerse con alguna de las 945 hectáreas que el Gobierno de España fijó como límite (0,1% de la superficie plantada) de nuevas plantaciones. Quedarse el 87,8% de las 3.349 hectáreas solicitadas fuera del reparto podría ser considerado como una prueba irrefutable de la confianza en el futuro del sector. O, como aseguran otros, precisamente, una consecuencia de la falta de rentabilidad que obliga a los viticultores a contar con importantes extensiones de viñedo en las que sea posible obtener unas economías de escala, sin las cuales no es posible la actividad rentable. Y, algo de esto debe haber, cuando ha sido Castilla-La Mancha, una de las Comunidades Autónomas con más bajos precios de las uvas, la que más hectáreas ha solicitado con 1.713 ha (el 51,37%).