Con la ratificación el pasado viernes entre el Consejo y el Parlamento Europeo y el visto bueno del Consejo de Ministros de Agricultura del lunes, la Unión Europea da un paso de gigante en la reforma de su política más importante, la Agrícola; a la que los Planes de Apoyo al Sector Vitivinícola están íntimamente ligados.

Con el mantenimiento de una ficha financiera para la PAC española de 47.724 millones de euros para el periodo 2021-27, podríamos concluir que hemos salvado el primer envite, al tratarse de una cifra similar a la del periodo anterior, en un marco verdaderamente desfavorable. No solo por la cantidad de recursos que habrá que destinar a hacer frente a los efectos del Covid-19, sino también por la reducción del 15% que provocó la salida del Reino Unido, o el mismo cambio en las prioridades políticas. Alteraciones que afectan a una orientación más social, abordando el relevo generacional, igualdad de género, equidad y convergencia, programas sectoriales como el que afecta directamente al Vino, Desarrollo Rural, y Organización Común de los Mercados. Amén de aquellas relacionadas con una mayor sensibilidad hacia la sostenibilidad medioambiental, con la introducción de los eco-esquemas.

Con este acuerdo se garantiza, al menos hasta el 2027 el mantenimiento de los Planes de Apoyo al Sector Vitivinícola, así como una ficha financiera que apenas ha disminuido un 5% sobre la anterior. Suponiendo la incorporación de figuras como el agricultor activo, el régimen de pequeños productores, los eco-esquemas, la condicionalidad reforzada, la convergencia interna de derechos, los pagos redistributivos, ayudas a jóvenes agricultores, reserva de crisis y medidas de gestión de riesgos. Así como aquellas otras derivadas de la misma OCM y que afectan al régimen de autorizaciones, prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2045; ayuda a los viticultores que reduzcan su producción para hacer frente a desequilibrios graves del mercado; el propio etiquetado del vino que deberá incluir el valor energético y un enlace a la lista de ingredientes; la posibilidad de que las Interprofesionales puedan proporcionar indicadores orientativos de precios de uva para la elaboración de vinos con D.O.P./I.G.P.; o la inclusión de los vinos sin alcohol.

Panorama favorable para un sector que tiene en su misma concepción el respeto al medioambiente, pero que requiere de ayudas que lo fortalezcan, permitan su digitalización para hacerlo más competitivo, así como otras que complementen una rentabilidad que no siempre encuentran en el mercado, pero que llevan aparejadas tareas tan importantes como la fijación de la población en el medio rural.

No sé si es por una cuestión de necesidad o de concienciación, el caso es que el Covid ha traído al sector un cierto sentido de colectividad y toma de conciencia sobre la necesidad de defender juntos principios y los intereses más básicos. Como lo fue la defensa ante la Comisión Europea de la dotación de fondos extraordinarios con los que hacer frente a los efectos de la pandemia en el consumo o, ahora, la defensa de una prórroga hasta el año 2022 de las autorizaciones de plantación que no pudieron ejecutarse en 2020.

La primera cuestión, ya sabemos que no tuvo eco en la Comisión, sin que se dotaran más fondos que los ya establecidos por los propios presupuestos de los Programas de Apoyo nacionales. La segunda, todavía está por ver. Pero sea cual sea el resultado, ya es positivo.

Conseguir que, por cuarta vez, los tres principales países productores de la Unión Europea (Italia, Francia y España), que concentran el 85% de la cosecha vinícola comunitaria, se hayan sentado en la misma mesa (virtual), para analizar la situación del mercado y sus expectativas, los posibles efectos que tendrá la futura PAC o aquellos aspectos relacionados con la salud o la promoción es ya un éxito y representa un gran paso en la notoriedad de nuestro sector y los tiempos tan complicados que nos vienen.

Pensar en vino, para cualquiera de nosotros, es sinónimo de desarrollo, futuro para nuestros pueblos, esperanza para luchar contra la despoblación o desertificación, motivo de orgullo e imagen de país. Pero, lamentablemente, no es así para todos. Los hay que ven en su consumo una droga a perseguir, un alcohol que prohibir y al que hay que ponerle todas las barreras posibles en su acceso a la población. Contar con una estrategia bien definida en esta lucha contra los que no ven en su ingesta una posibilidad hacia un consumo responsable, cultural e inteligente de alcohol, resulta fundamental en una batalla que, lleva muchos años abierta y a la que, de momento, hemos conseguido hacerle frente, pero que acabará afectándonos de una forma u otra en un periodo de tiempo no muy lejano.

Necesitamos contar con un marco en el que sea posible mantener unas relaciones fluidas entre el sector y las administraciones. Generar un clima de diálogo y confianza mutua que permita establecer posiciones comunes sobre cuestiones básicas, tales como la política promocional por un consumo responsable del vino, que hemos mencionado anteriormente; y también sobre aquellas otras de índole económico, relacionadas con el comercio internacional; y, aunque la eliminación de aranceles en Estados Unidos es un buen ejemplo, todavía hay muchos otros asuntos de gran importancia.

Otro aspecto a destacar de este Comité Mixto sectorial es la puesta a disposición de los Estados (Francia, España e Italia) de unos boletines trimestrales en los que se presentan estadísticas referidas a la evolución de la campaña, una información que viene a sumarse a la ya existente del Infovi español y que, sin duda, ayuda a tomar conciencia a nuestro Ministerio de cuál es la situación actual por la que atraviesa el sector.

Por otro lado, superar las setenta mil hectáreas como superficie siniestrada por heladas y pedrisco, a fecha de final de mayo, es una cantidad importante, según datos facilitados por Agroseguro que tendrá su reflejo en la cosecha. Llegar a considerar estos efectos como relevantes, sobre un volumen que se vaticinaba como de gran producción, es otra cuestión que dista bastante de la realidad y sobre la que habrá que estar atentos cuando, dentro de pocas semanas, comiencen a publicarse las primeras estimaciones de cosecha y cuyos efectos, al menos así se pretenda, quieran verse reflejados en los precios de las uvas.

Tal y como era de esperar, las reacciones al anuncio del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos, para poner fin (durante 5 años) al conflicto comercial que supuso la imposición de aranceles adicionales al vino español, entre otros, no se han hecho esperar. Todas las organizaciones se muestran satisfechas e inciden en el cambio de talante que supone la nueva Administración Biden frente la proteccionista, y casi antieuropea, de Trump. Cuyos efectos cuantificó la Federación Española del Vino en una caída del 9% en valor y 4,5% en volumen de nuestra exportación a este país, obligando a las bodegas a absorber una parte muy importante de ese arancel en su precio de venta, que cayó un 5% en ese mercado.

Buenas perspectivas se vislumbran también para otro de nuestros grandes destinos, el del Reino Unido, en el que, según Euromonitor, durante el 2022 habremos recuperado todo el valor pre-Covid en el canal doméstico, aunque no lo hagamos en el Horeca hasta el 2024. Eso sí, gracias a una mejora en el precio medio, ya que para el volumen se prevé un descenso gradual. Con una clara apuesta de los consumidores por los productos sostenibles y en el que nuestros vinos son líderes mundiales.

Dos excelentes noticias, sin duda, que no restan ni un ápice de preocupación sobre el otro gran asunto que inquieta al sector y que no es otro que la próxima vendimia. No parece que ni granizo, ni focos de enfermedades criptogámicas, por más severos que sean sus efectos en localidades muy concretas, vayan a ser capaces de frenar una cosecha 2021 que sigue presentando serias credenciales de convertirse en voluminosa.

¿Hasta cuánto? Pues, esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace. Ya que las existencias en bodega son cuantiosas y que, por bien que vayan las cosas y poco a poco vayamos recobrando el ritmo de vida, y consumo pre-Covid, es seguro que tardaremos algo más de tres meses (que son los que nos faltan para disponer de los primeros vinos de la cosecha 2021) en hacerlo.

Consecuencia de todo ello: tendremos una vendimia complicada, con fuertes tensiones en precios y cruzadas acusaciones de falta de cumplimientos en los contratos. Y es que, si algo nos caracteriza es la falta de estabilidad, con dientes de sierra en las cotizaciones y condiciones de los contratos que apenas soportan un pequeño envite. Circunstancias sobre las que edificar un proyecto a medio y largo plazo se hace muy difícil.

Hasta ahora, los importantes daños causados en los viñedos de franceses e italianos por las heladas nos están salvando estos últimos meses de campaña, con un cierto repunte en los volúmenes expedidos y una reactivación en las cotizaciones que se han visto reflejadas, también, en el mercado interior. Lo que, sin duda, está genial y forma parte de las reglas del juego de cualquier actividad agrícola expuesta a la climatología, pero que está muy lejos de dotar de futuro a un sector que sigue queriendo crecer a costa del otro, en lugar de hacerlo de manera colegiada.

Posiblemente esté cometiendo el peor de los errores en los que puede caer un medio de comunicación, que no es otro que la falta de imparcialidad en el tratamiento de la información. Pero, hecha la advertencia, permítanme la licencia de echar la imaginación a volar y en esta editorial compartir con todos ustedes la esperanza de que, este año largo que llevamos de restricciones esté llegando a su fin y, con él, la vuelta a cifras de consumo de vino parecidas a las que teníamos por el mes de marzo del 2020, cuando aquel día 13 cambiaron nuestras vidas de manera insospechada.

Es muy probable que esta vuelta a la situación anterior requiera de una transición ordenada y cautelosa y que debamos esperar un buen tiempo hasta superar las numerosas secuelas que, en los diferentes aspectos de nuestras vidas: social, familiar, económico, laboral…, nos ha dejado la pandemia. Pero, desde el más profundo de los convencimientos, lo conseguiremos y nuestro consumo de vino, se recuperará, superando los 11,09 millones de hectolitros que alcanzamos en febrero del 2020. Hoy, con los datos del Infovi correspondientes al mes de abril podemos decir que estamos en un consumo aparente de 9,14 Mhl, con un crecimiento de 56.516 hectolitros sobre el del mes de marzo y es el segundo mes con tasa positiva. Tendencia que, salvo catástrofe, se mantendrá, acelerándose con los meses de vacaciones y la recuperación de un turismo que, hoy, todavía es muy residual.

La recuperación de momentos de consumo en los hogares que se habían perdido, o simplemente resultaban residuales, la facilidad de acceso a los vinos que ha supuesto la digitalización de muchas de nuestras bodegas, el desarrollo de las plataformas online y la propia incorporación de pequeños núcleos de consumidores, auparán el consumo y acelerarán su recuperación.

¿Suficiente para considerarlo aceptable en un país con una producción potencial que supera los cincuenta millones de hectolitros? Tajantemente NO. Pero tampoco vamos a esperar que en unos pocos meses solucionemos un problema que llevamos arrastrando décadas y que requeriría de un Plan Estratégico Sectorial para los próximos diez años, en el que se abordasen, con profundidad, honestidad y seriedad, los potenciales de producción por zonas y tipos de productos, las diferentes utilizaciones, las distintas alternativas que se presentan en la comunicación y el marketing del vino, donde englobaríamos el desarrollo de los diferentes canales de comercialización. Así como el peso de cuestiones paralelas, pero de gran influencia, como pudieran ser todas las relacionados con la ecología y el medio ambiente, hábitos de consumo, la proliferación de consumidores veganos o vegetarianos, así como las diferentes nomenclaturas autorizadas para la designación y presentación de los vinos. Sin olvidarnos de que estamos hablando de empresas que no solo tienen que jugar un papel principal en esta recuperación del sector vitivinícola español, sino que, además, tienen que ser rentables para resultar sostenibles en todas sus fases de formación de una cadena de valor que, desde el conocimiento pormenorizado de la realidad, debiera abordar el futuro con valentía y ajeno a cualquier condicionante impuesto por cuestiones políticas.

Definir bien todas estas cuestiones y contar con ese Plan Estratégico cuyo concurso ha convocado la Interprofesional del Vino de España (OIVE) debiera permitirnos afrontar con criterio el debate, actualmente abierto, sobre si la situación que estamos viviendo es una cuestión circunstancial o coyuntural. Estéril y que no está haciendo más que generar enfrentamientos en colectivos de mucho peso en España.

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Teóricamente, a la pregunta sobre qué derecho prevalece ante un teórico conflicto de intereses entre la producción y el consumidor, el espíritu de la Ley nos llevaría a responder, tajantemente, a favor del consumidor. Elemento principal a proteger en cualquier cuestión, adquiriendo especial notoriedad en aquellas relacionadas con la salud y la ingesta, también de las bebidas alcohólicas.

Esto, que parece tan obvio, no lo es tanto si atendemos a lo sucedido con los diferentes “apellidos” con los que, desde hace algún tiempo, se están acompañando al Vino. Producto rico en matices y tipologías y especialmente proclive a la búsqueda de “palabros” que lo adjetiven en la orientación de la cualidad que se pretende destacar de cara al tipo de consumidor al que va dirigido.

Tampoco es que los cambios en los hábitos de consumo que se han producido en la sociedad moderna e industrializada, fuertemente ligados hacia una mayor sensibilización ante el respecto al medio ambiente, o aspectos saludables sobre la salud de los productos ingeridos, hayan contribuido de forma positiva a que estos términos que pretenden apoyar la descripción del producto hayan ayudado.

Y así, hemos pasado de tener una palabra universal con la que definir “el alimento natural obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, total o parcial, de uva fresca, estrujada o no, o de mosto de uva: VINO”. A vernos en la necesidad de emplear toda una serie de apellidos con los que, supuestamente, ayudar al consumidor a identificar el producto en su presentación y designación en el “etiquetado” que facilite su elección.

Decisión no siempre acertada y que, junto con una inacción de las autoridades competentes, entre cuyas funciones está la de velar por la defensa del consumidor (también en el rigor del etiquetado de los productos), ha provocado que hayamos llegado a un punto en el que, unos pocos, sin más intención que la de presentar sus productos de manera diferenciada para facilitar su elección al consumidor (que busca ese producto elaborado bajo unas condiciones muy concretas), han llevado al resto de productores a alarmarse y reclamar una regulación ajustada.

Y si, en defensa del legislador, bien podríamos argumentar que la sociedad siempre va por delante de las leyes y que estas nacen de la necesidad de ordenar una realidad; bien estaría que, consciente de la problemática existente, tomara cartas en el asunto y legislara en defensa de un mayor rigor en el etiquetado, que garantice la información veraz y ajustada del producto, situando la defensa del consumidor como eje central sobre la que pivote cualquier actuación.