Ni sabemos lo que nos deparará la próxima cosecha, ni eso debe ser obstáculo alguno para solucionar (o al menos intentarlo) el problema que ahora mismo tenemos en el mercado, fuertemente condicionado por las escasas operaciones y precios debilitados ante la gran presión vendedora existente.
Apretar al Ministerio para que dote al sector de fondos que vayan más allá de los propios del Plan de Ayuda, o que él, a su vez, lo haga en Bruselas, de la mano ya de otros 14 países productores, es lo menos importante. Lo verdaderamente relevante es que esos fondos lleguen al sector y se puedan poner en marcha medidas que ayuden a retirar del mercado siete millones de hectolitros, como cifra orientativa que ya manejan algunos operadores.
Aspirar a hacerlo con fondos nacionales se antoja, a priori, más una entelequia que una posibilidad. Pues a la negativa reiterada del Ministerio a hacerlo, se añade el difícil momento de nuestra economía y los numerosos frentes abiertos a los que deben atender nuestros gestores. Y no es que el nuestro no urgente, pero no parece que sea considerado como tal por ellos.
Y si no, cómo explicarse que, de los 11.000 M€ del Plan del Gobierno aprobados para medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, el sector vitivinícola solo vaya a poder optar a aquellos de la partida destinada a la reestructuración de la deuda, dotada con 3.000 M€ o los 1.000 M€ de la recapitalización de las empresas. Habiendo dejado fuera de las ayudas directas (7.000 M€, de los que dos mil van destinados exclusivamente a Canarias y Baleares) a las empresas elaboradoras de vino (CNAE 1102).
Pero, como la esperanza es lo último que se pierde y el sector tiene gente muy cualificada para seguir luchando por una modificación del Real Decreto y la inclusión de ese Código Nacional de Actividad Empresarial que recoge a las bodegas, vamos a albergar la esperanza de que así sea y la discriminación actual frente a otras empresas, como son las de destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas o el sector de la elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas, sí incluidas, se enmiende.
Así como reprocharle al Gobierno que no puede servirle de excusa para excluir al sector bodeguero de estas ayudas directas el hecho de que una recuperación de la actividad del canal de la hostelería y restauración llevará pareja una reactivación, que acabará llegando a las bodegas. Como así pareció dejar entender la ministra de Industria, Turismo y Comercio. Reyes Maroto, en la clausura de la Asamblea de la Federación Española del Vino (FEV) el pasado 17 de marzo.
Inadmisible ese planteamiento por muchas razones, pero fundamental dos: la primera, porque esa traslación de la recuperación del canal Horeca al sector no se produciría hasta dentro de unos meses. Segundo, porque, aun produciéndose, no es de esperar ni que el turismo llegue en bandada, ni que el consumo de los españoles vaya a crecer exponencialmente, como así necesitaríamos, para recuperar todo lo que llevamos perdido. Pues lo que no nos hemos comido o bebido hasta ahora, no nos lo vamos a comer ni beber luego. Ese consumo se ha perdido de manera irremediable y, es más, bien haríamos en empezar a asumir que la recuperación no está a la vuelta de la esquina, sino que, cuando se produzca, lo hará de una manera progresiva y lenta. Con una cosecha ya entrada en bodegas o en ciernes de hacerlo.
Plantearnos posibles medidas que paliasen los catastróficos efectos que sobre el mercado pudiera tener otra cosecha normal, como la del 2020, podría ser una línea de trabajo sobre la que ir pensando ya.