Hablar de la Unión Europea es siempre complicado: 27 países miembros, con intereses tan dispares entre unos y otros; y la siempre difícil lucha de equilibrios entre países del norte y sur, productores y no productores de vino, alineados contra cualquier bebida alcohólica con independencia de su acervo cultural… hacen muy complejo realizar cualquier vaticinio sobre la postura que se acabará adoptando. Especialmente cuando hablamos de fondos, de ahí la enorme importancia que tiene, nunca suficientemente bien ponderada, contar con los recursos de los Planes de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASV) que le otorgan estabilidad y seguridad a medio plazo.

Saber lo que pasará en el Consejo de Ministros de Agricultura de los días 26 y 27 abril, momento en el que comisario del ramo se ha comprometido a adoptar una solución sobre la concesión o no de fondos extraordinarios al sector con los que hacer frente a los graves efectos que la pandemia de Covid-19 está generando por el descenso en su consumo, se hace muy difícil.

Pero hay que reconocer que se antoja tremendamente difícil que vaya a suceder. La dotación específica al sector y los numerosos frentes y sectores igualmente afectados por esta situación tan extraordinaria y que no cuentan con un Plan de Apoyo específico, hacen muy improbable que así ocurra. Y, de hecho, aunque nadie, ni sector, ni Ministerio, se rinde en su empeño por conseguirlos, todos comienzan a asumir que lo mejor sería ir trabajando en diferentes escenarios en los que se contemplase la inexistencia de fondos europeos extraordinarios adicionales.

Dentro de esta impredecibilidad, la opción que cuenta con más posibilidades de resultar aprobada parece ser la de autorizar la Comisión a cada uno de los Estados Miembros el uso de la ficha financiera del periodo 2019-23 para que la utilicen como mejor consideren, mostrándose dispuesta a adelantar esos fondos para que puedan llevarse a término las medidas extraordinarias que cada Estado priorice.

No obstante, y con el objeto de tener una idea más clara de la envergadura del problema al que nos estamos enfrentando, convendría pensar que, según algunas estimaciones realizadas sería necesario retirar del mercado español entre siete y ocho millones de hectolitros y que, para que el precio medio fuera de 1,85 €/hgdo (precio al que actualmente están cotizando los blancos en Castilla-La Mancha -solo por tener una referencia-), estaríamos hablando de entre 155 y 177 millones de euros. Cantidad que se antoja, bajo cualquier escenario, del todo inasumible.

Y, todo ello, sin entrar en valoraciones de que pedimos lo que no estamos dispuestos a dar. Ya que el Gobierno de España, a diferencia de algunas Comunidades Autónomas, no ha dado ayudas, ha dejado al sector fuera del paquete de los 11.000 M€ y se trata de un producto no perecedero.

Ni sabemos lo que nos deparará la próxima cosecha, ni eso debe ser obstáculo alguno para solucionar (o al menos intentarlo) el problema que ahora mismo tenemos en el mercado, fuertemente condicionado por las escasas operaciones y precios debilitados ante la gran presión vendedora existente.

Apretar al Ministerio para que dote al sector de fondos que vayan más allá de los propios del Plan de Ayuda, o que él, a su vez, lo haga en Bruselas, de la mano ya de otros 14 países productores, es lo menos importante. Lo verdaderamente relevante es que esos fondos lleguen al sector y se puedan poner en marcha medidas que ayuden a retirar del mercado siete millones de hectolitros, como cifra orientativa que ya manejan algunos operadores.

Aspirar a hacerlo con fondos nacionales se antoja, a priori, más una entelequia que una posibilidad. Pues a la negativa reiterada del Ministerio a hacerlo, se añade el difícil momento de nuestra economía y los numerosos frentes abiertos a los que deben atender nuestros gestores. Y no es que el nuestro no urgente, pero no parece que sea considerado como tal por ellos.

Y si no, cómo explicarse que, de los 11.000 M€ del Plan del Gobierno aprobados para medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, el sector vitivinícola solo vaya a poder optar a aquellos de la partida destinada a la reestructuración de la deuda, dotada con 3.000 M€ o los 1.000 M€ de la recapitalización de las empresas. Habiendo dejado fuera de las ayudas directas (7.000 M€, de los que dos mil van destinados exclusivamente a Canarias y Baleares) a las empresas elaboradoras de vino (CNAE 1102).

Pero, como la esperanza es lo último que se pierde y el sector tiene gente muy cualificada para seguir luchando por una modificación del Real Decreto y la inclusión de ese Código Nacional de Actividad Empresarial que recoge a las bodegas, vamos a albergar la esperanza de que así sea y la discriminación actual frente a otras empresas, como son las de destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas o el sector de la elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas, sí incluidas, se enmiende.

Así como reprocharle al Gobierno que no puede servirle de excusa para excluir al sector bodeguero de estas ayudas directas el hecho de que una recuperación de la actividad del canal de la hostelería y restauración llevará pareja una reactivación, que acabará llegando a las bodegas. Como así pareció dejar entender la ministra de Industria, Turismo y Comercio. Reyes Maroto, en la clausura de la Asamblea de la Federación Española del Vino (FEV) el pasado 17 de marzo.

Inadmisible ese planteamiento por muchas razones, pero fundamental dos: la primera, porque esa traslación de la recuperación del canal Horeca al sector no se produciría hasta dentro de unos meses. Segundo, porque, aun produciéndose, no es de esperar ni que el turismo llegue en bandada, ni que el consumo de los españoles vaya a crecer exponencialmente, como así necesitaríamos, para recuperar todo lo que llevamos perdido. Pues lo que no nos hemos comido o bebido hasta ahora, no nos lo vamos a comer ni beber luego. Ese consumo se ha perdido de manera irremediable y, es más, bien haríamos en empezar a asumir que la recuperación no está a la vuelta de la esquina, sino que, cuando se produzca, lo hará de una manera progresiva y lenta. Con una cosecha ya entrada en bodegas o en ciernes de hacerlo.

Plantearnos posibles medidas que paliasen los catastróficos efectos que sobre el mercado pudiera tener otra cosecha normal, como la del 2020, podría ser una línea de trabajo sobre la que ir pensando ya.

Por más que pueda parecer un tema recurrente, agotado y totalmente superado por la Comisión, que mantiene un postura clara y concisa sobre el asunto dese el primero momento; el sector no ceja en su empeño de hacerle entender al Comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, que sus bodegas necesitan de un presupuesto extraordinario con el que hacer frente a la grave situación de excedentes que presentan. Las últimas en insistir han sido las cooperativas que, de forma colectiva y representando más de la mitad de todo lo que se elabora en la UE, le han hecho partícipe desde España, Francia, Italia y Portugal de la grave situación por la que atraviesan.
El descenso ocasionado en el consumo por el confinamiento y restricciones ha provocado que una parte importante de los vinos y mostos se hayan visto estocados, con escasos visos de ser comercializados. Generando serios problemas financieros, pero también de espacio, en unas bodegas que ven caer las hojas del calendario sin más cambio en la postura de la Comisión que la de flexibilizar las medidas de aplicación de los Planes de Apoyo nacionales.
Situación que, en el caso de España, podemos cifrar con gran exactitud gracias a los datos mensuales del Sistema de Información del Mercado del Vino (Infovi) del Ministerio y en el que, en su último informe, extractado a 26 de febrero y referidos a final de enero, se cuantifican las existencias en 56’536 millones de hectolitros de vino y 5’739 de mosto, frente a los 50’076 y 4’254 Mhl del mismo mes del año pasado (+7’945 Mhl) y que representa un aumento del 12’9% en vino del 34’9 en mosto.
Sin la más mínima intención de restarle ni un ápice de la importancia que esta situación está teniendo en el sector, y, con el fin de tener una visión más amplia de la realidad, habría que considerar lo sucedido con la cosecha y que, según el mismo informe, pasó de unos paupérrimos 37’206 Mhl en el 2020 a unas más razonables cifras, dentro de los parámetros de nuestro potencial, de 45’835 de enero de 2021. Con un aumento de 8’629 millones de hectolitros y un crecimiento del 23’19%.
Si a eso le añadimos que nuestro consumo interno se desploma sin control, habiendo perdido, en tan solo un año, casi dos millones de hectolitros (1’931) y nuestras exportaciones, lejos de encontrarle acomodo a esa mayor producción, a lo que deben enfrentarse es a una situación similar, de pérdida de consumo, en nuestros principales países de destino. Tendríamos una explicación (aunque muy simplificada) bastante aclaratoria de las razones que nos han llevado hasta esta coyuntura y que deberían ayudarnos a identificar con mayor claridad cuál es el origen del problema de nuestros excedentes y aquellas cuestiones sobre las que deberíamos incidir de cara a encontrar una solución.

Habían depositadas muchas esperanzas en que un cambio en la administración de los Estados Unidos, relajara las fuertes tensiones comerciales con Europa y fueran eliminados los aranceles adicionales del 25% “ad valorem” que estaban vigentes desde el 18 de octubre de 2019 y que afectaban a todos los vinos procedentes de España con una graduación igual o inferior al 14%. Y aunque las primeras noticias anunciaban que era un tema no prioritario y que, en consecuencia, debería esperar un tiempo para ser revisado. El pasado viernes, tras una conversación telefónica entre el presidente Biden y la presidenta de la Comisión von de Leyen, se anunciaba la suspensión, por cuatro meses, período que se dan las partes para estudiar una solución definitiva.
Una noticia de gran trascendencia para la Unión Europa pues el impuesto afectaba a Alemania, Francia, Gran Bretaña y España, cuyas bodegas destinaron una importante cantidad de recursos en los últimos años y al que durante 2020 exportaron 85’66 Millones de litros por un valor de 294’88 millones de euros (OeMV). Pero de gran relevancia para el comercio con la primera potencia comercial del mundo ya que supone un cambio radical sobre la política mantenida por la administración Trump que no considera socio preferente a la UE.
Las reacciones no se hicieron esperar y tanto el Ministerio de Agricultura, como el de Comercio, pasando por el sector bodegueros y organizaciones agrarias o cooperativas, o consejos reguladores; así como, prácticamente todas, las administraciones regionales, se han mostrado muy satisfechos y confiados en que los cuatros meses que se han dado las dos administraciones no sea más que la fijación de un plazo en el que dar por solucionado de manera definitiva un conflicto comercial que relegaba a la Unión Europea de su posición destacada en la política comercial de Estados Unidos.
En menor medida pero, no exenta de gran relevancia para el sector, ha sido la entrada en vigor, el pasado uno de marzo del acuerdo del acuerdo alcanzado por la UE y China para proteger del fraude, la imitación y la usurpación comercial cerca de 200 indicaciones geográficas que afectan 8 IGP vinícolas españolas: Rioja, Cava, Cataluña, La Mancha, Valdepeñas, Jerez-Xérès-Sherry, Navarra y Valencia, así como la de Brandy de Jerez.
La gran importancia que tiene en la economía mundial el gigante asiático, llamado a ocupar el primer puesto en los próximos años, como su enorme potencial de clientes, hace que sea un mercado altamente codiciado por las bodegas europeas y, si bien el peso de nuestro país sigue siendo muy bajo puesto que tan solo fuimos capaces de venderles 63’3 millones de litros por un valor de 100’9 millones de euros de los 16.300 millones de euros que representaron el total de productos agroalimentarios vendidos por la Unión Europea hasta noviembre 2020. La autenticidad y calidad que para sus consumidores suponen los productos agroalimentarios, es un valor altamente codiciado.
Dos excelentes noticias para un sector que tiene su mirada puesta en el mercado exterior como única vía de sostenibilidad y valorización de su producción y que ayudarán en la superación de la mala situación por la que atraviesan como consecuencia del cierre del canal de la hostelería y restauración en el mercado nacional. Situación que el ministro, Luis Planas, se ha comprometido públicamente a reclamar de la Unión Europea la dotación de fondos extraordinarios que vayan más allá de los específicos del Programa de Apoyo al sector, reclamando que el sector “debe asumir el protagonismo de su propio destino” para evitar la alta volatilidad de sus precios.

Si hace apenas un año nos hubieran dicho que íbamos a acabar 2020 con unas existencias de 65,107 Mhl, nada menos que un 13,2% más que el año anterior, sin que haya categoría o tipo de vino que se libre de presentar fuertes crecimientos en los stocks, que van desde el 8,5% de los vinos envasados hasta el 34,6% de los mostos. Que el consumo aparente iba a caer un 17,3% hasta situarse en poco más de 9,149 millones de hectolitros, perdiendo cerca de dos millones de los que conseguimos recuperar en 2019, cuando las campañas realizadas por la Interprofesional comenzaban a presentar datos positivos en esta batalla por recuperar consumo interno. O que en las exportaciones íbamos a perder un 3,6% del valor del vino y un 5,9% de su volumen. Nos hubiésemos echado las manos a la cabeza y descalificado, sin ningún miramiento, a quien se hubiese atrevido, calificándolo de un despropósito. Sencillamente, era un escenario totalmente inadmisible y carente de la más mínima posibilidad de suceder.
Pero es que, solo unos meses después, recién decretado el confinamiento duro y analizadas sus posibles consecuencias económicas, nos hubiese parecido un excelente contexto para una situación catastrófica que nos llevaba de cabeza hacia una nueva recesión, cuando los efectos de la anterior, la del 2008, todavía no los habíamos superado totalmente.
Una noria de ir y venir que hace muy complicadas las tomas de decisiones en un sector sacudido por la falta de músculo financiero, escasos recursos humanos y alta exposición al riesgo. Pero que, con más orgullo que recursos y asumiendo que a todos nos afectará esta situación y que lo importante es resistir para seguir ahí cuando se vaya recuperando la actividad, vamos sobrellevando y viendo más cerca su superación.
Hoy, salvo vaticinios políticos, más interesados en lanzar mensajes de optimismo que avalen sus gestiones, que en describir verdaderos escenarios en el corto y medio plazo; prácticamente no hay quien se atreva a fijar un horizonte de vuelta a la normalidad. Es más, ni tan siquiera es posible concretar cuál será esa “normalidad” a la que todos aspiramos y muy pocos (o nadie) saben en qué consistirá. Muy posiblemente, a largo plazo, dentro de tres o cuatro años, es posible que todo se parezca bastante a cómo vivíamos en diciembre de 2019. Pero también es muy probable que algunos de los cambios en nuestros hábitos de consumo, formas de comprar o de relacionarnos hayan cambiado ya para siempre. Y esos cambios, apoyados en el respeto al medio ambiente, cultivo ecológico y alimentación más saludable, nos sean beneficiosos y nos ayuden a mejorar la imagen y el valor de nuestros productos vitivinícolas.