Han pasado apenas dos semanas desde que fuera aprobado por el Consejo de Ministros el plazo para la presentación de las solicitudes de entrega a la destilación, inmovilización y cosecha en verde; y ya ha finalizado.

Lo cierto es que, por más digitalizados que estemos, prisa que nos hayamos dado los medios de comunicación en publicarlos e interés que hubiese en el sector por contar con unas medidas extraordinarias que vinieran a paliar los graves efectos que ha tenido en el sector la paralización de la economía como consecuencia del Covid-19, se antojan plazos un tanto precipitados.

Aun así, es previsible que las solicitudes, al menos en las dos primeras y más dotadas presupuestariamente medidas, sobrepasen con mucho los volúmenes establecidos y sea necesaria una prorrata, que no será conocida hasta el 17 de julio, momento a partir del cual se confía en que puedan empezar a notarse sus efectos en el mercado.

Son muchos los temores a un derrumbe de precios, que acabe arrastrando a niveles insostenibles la producción vitícola 2020, por lo que contar con herramientas que ayuden a hacer más llevadera la digestión de un vino que debiera haberse consumido resultan fundamentales. Tanto como los anuncios que algunas bodegas han realizado, comprometiéndose a cumplir con los acuerdos plurianuales que tenían firmados o, incluso, yendo más allá y anunciando la adquisición de la producción que obtengan todos los viticultores a los que tradicionalmente lo habían venido haciendo en las últimas campañas.

No obstante, el temor a que una parte importante de la cosecha tenga difícil encontrar acomodo es una realidad que hace presagiar una “vendimia caliente”.

Ni los viticultores están en disposición de cobrar menos de lo que han venido haciendo por sus uvas, ni las bodegas de mantener los precios en un mercado con importantes excedentes que puedan llegar a suponer un problema físico de almacenamiento.

Equilibrar esta situación va a requerir no solo un alto grado de solidaridad y cooperación sectorial, sino también una concienciación grupal de la que, hasta el momento, no ha hecho gala. Dicen que son los momentos difíciles los que sacan lo mejor de cada uno, aquellos en los que es posible avanzar gracias a la unión de todos.

Por el bien común, confiemos en que sepamos entenderlo y convertir esta amenaza una oportunidad que nos haga más fuertes.

Si bien el Real Decreto que adoptara la puesta en marcha de medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de Covis-19 era una exigencia ampliamente demandada por el sector, la publicación del RD 557/2020 podríamos decir que no ha dejado a nadie totalmente contento.

Unos, porque consideran que los plazos para su propia aplicación son extremadamente cortos. Recordemos que antes del 23 de este mes deberán presentarse las solicitudes en las comunidades autónomas para cualquiera de las medidas. Que su prorrateo, en el más que probable caso de que exista, será dado a conocer por el Ministerio no más allá del 17 de julio. Y el pago de la ayuda deberá haberse producido antes del 15 de octubre.

A otros, porque la ayuda la consideran insuficiente. Para el caso de la destilación es de 0,4 €/litro para el caso de que se trate de vino amparado por alguna denominación de origen y de 0,3 €/l para aquellos que no lo estuvieran, más un suplemento por desplazamiento de 0,005 €/l para el caso de que la distancia entre bodega y destilería sea superior a 150 kilómetros e inferior a 300 y de 0,01 €/l para distancias superiores. De 0,027 €/hl/día para la inmovilización y del sesenta por ciento del precio medio de la uva de las últimas tres campañas para la cosecha en verde.

A la mayoría, porque su volumen (2 Mhl de destilación (0,5 Mhl con D.O.P. y 1,5 para aquellos sin ella), 2,25 Mhl para el almacenamiento de 2 Mhl de vino con D.O.P. y 0,25 con I.G.P) no resuelve el problema de excedentes que esta situación anómala del mercado (y que viene a unirse a las trabas arancelarias de Estados Unidos y las incertidumbres del mercado británico) ha generado entre los operadores.

Y, a la totalidad, porque el origen de los fondos con los que se van a financiar, estimados en 90,5 M€, provienen de los que ya contaba el sector en su Plan de Apoyo para la campaña 20/21. La mayoría (40%) de ellos procedentes de los inicialmente destinados a la reestructuración y reconversión del viñedo, el 30% de las ayudas a la promoción en terceros países y otro 30% de la medida de inversiones.

Tampoco ha contentado mucho a las denominaciones de origen la confusión provocada con el famoso art. 37, por el que sus Consejos Reguladores debían modificar sus normas de campaña, disminuyendo sus rendimientos máximos. Circunstancia que no es exacta, ya que el Real Decreto tan solo aconseja, por corresponsabilidad con la situación, proceder a esta inclusión en sus medidas de campaña, pero no obliga a hacerlo, siempre y cuando ya figuren en sus reglamentos y no excedan de 18.000 kilos en variedades tintas y 20.000 en blancas.

Para el caso de que la disponibilidad a 15 de agosto exceda a la media de las últimas cinco campañas, el contenido alcohólico de los subproductos deberá ser del 15%.

Sumándose a ese sentimiento de insuficiencia, el Consejo de FIAB ha instado a Nadia Calviño a adoptar medidas que fomenten la competitividad de la industria. Entre otras, la Federación pide promover la unidad de mercado y evitar regulaciones que resten competitividad a la industria de alimentación y bebidas.

Asimismo, la FIAB le ha pedido al Gobierno, a través de la vicepresidenta Calviño, que trabaje por la recuperación de la confianza de los ciudadanos para el impulso del consumo, la reapertura de la hostelería en condiciones de seguridad, la atracción del turismo y la promoción de los productos españoles en el extranjero.

Para ello se ha solicitado que desestime la imposición de impuestos al consumo y tenga en cuenta sus propuestas en la toma de decisiones, al tratarse de un sector estratégico.

o por menos anunciadas, las medidas adoptadas por el Gobierno en su último Consejo de Ministros son menos relevantes para un sector al que el horizonte a corto plazo se le presenta, como el tiempo de esta esta semana, con grandes nubarrones.

Han tardado (y mucho) en ver la luz. Aunque imagino que asuntos mucho más importantes tiene el Ejecutivo encima de la mesa como para dedicarle el tiempo al sector vitivinícola. Pero al fin han llegado. Ya conocemos cuál es la asignación presupuestaria, noventa millones de euros, su origen y las medidas a las que irán destinados dichos fondos. Permitiéndonos asegurar, esta vez ya sin ningún riesgo a equivocarnos, que la Europa de dos velocidades es una realidad incuestionable. Al menos en el sector vitivinícola.

Claro que, al contrario de lo que pudiera parecer, el origen de este trato diferenciado entre los vitivinicultores de un país u otro de los que integramos la Unión Europea no viene provocado por la Comisión, sino por la solidaridad que cada uno de los Estados muestra hacia su sector vitivinícola. Los principales productores, sin excepción alguna han tenido que adoptar medidas para minimizar los graves efectos que el cierre del canal Horeca ha provocado en el consumo y, consecuentemente, en la comercialización del vino durante más de tres meses. La diferencia ha estado en que, mientras unos lo hacían con fondos estrictamente originarios de los que la Unión Europea pone a disposición de cada uno de los países en los llamados Planes de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE en el caso de España) para medidas como la restructuración, inversión o comercialización. Otros tiraban de cartera propia e incrementaban estas ayudas, transformando las medidas en una herramienta sectorial que supusiera un respiro para sus paupérrimas arcas y no en una simple posibilidad de eliminar, temporal o definitivamente, una pequeña cantidad de vino de sus bodegas. Haciendo más profunda, en muchos casos, la crisis económica y financiera.

Lo más importante es que, por fin, podrán ofertarse a la destilación dos millones de hectolitros, otros dos a almacenamiento y será posible eliminar uva gracias a la cosecha en verde. Así como reducir rendimientos y elevar el grado exigido en los subproductos de la próxima campaña. Además de aplazar las fechas en las que vencían derechos, autorizaciones, planes de promoción… que, en otro Real Decreto, también han sido modificados.

Parece que el sector bodeguero no está dispuesto a dejar pasar la oportunidad que esta crisis del Covid-19 le presenta, de regular su producción y evitar la acumulación de unos vinos que le está resultando muy complicado comercializar.

Los graves efectos que la paralización de la economía ha tenido en el sector de la hostelería y restauración han llevado a numerosas bodegas, de prácticamente todas las regiones españolas, a anunciar que, o bien no comprarán uva en la próxima vendimia, o bien reducirán drásticamente el volumen de sus adquisiciones.

La acumulación en sus depósitos de los vinos de esta campaña, una climatología benigna, con lluvias abundantes, temperaturas propicias y ausencia de episodios de heladas. Así como el anuncio de un periodo estival donde el gasto se verá fuertemente afectado por la reducción en la renta que experimentaremos los ciudadanos. Unido a la pérdida de un altísimo porcentaje de los turistas que normalmente nos visitan. Dibujan un panorama de excesos de producción que podría verse fuertemente agravado por una gran cosecha que, si bien en estos momentos resulta completamente imposible vaticinar, bien podría pensarse en que estuviera al más alto nivel de las históricamente elevadas de 2013 y 2018.

Amalgama que vendría a provocar importantes problemas de capacidad de almacenamiento en algunas bodegas, que se verían sin depósitos suficientes en los que dar cabida a todo el vino disponible.

Producción a la que hay que encontrarle una colocación adecuada, más allá de destilaciones o medidas extraordinarias con las que retirar temporalmente de los mercados una pequeña parte de una producción que resulta excedentaria estructuralmente y que circunstancias extraordinarias, como las actuales, no hacen sino agravar sus volúmenes, pero nunca generar un problema que no tuviéramos antes.

El Ministerio de Agricultura, después de casi tres meses de confinamiento y paralización absoluta de la economía mundial; sigue sin hacer público el Real Decreto de medidas extraordinarias por las que se autoriza la destilación de dos millones de hectolitros que deberán ir, obligatoriamente, a usos industriales con una dotación presupuestaria de 65 M€. Otros dos que podrán ser inmovilizados mediante los contratos de almacenamiento por un periodo de 6, 9 o 12 meses (9,9 M€) y una cosecha en verde (4 + 6 M€) que, ante la obligatoriedad de verse afectada el total de la parcela, es muy posible que no logre superar la barrera de lo testimonial.

Los rendimientos máximos autorizados se verán reducidos, como ya han anunciado algunas denominaciones de origen y el propio Ministerio limitaría a los vinos no sujetos a ninguna indicación de calidad a 18.000 kilos por hectárea para variedades tintas y 20.000 para blancas. Medidas que se verían complementadas con la elevación del porcentaje del contenido de alcohol de los subproductos hasta el quince por ciento.

Todo ello con un presupuesto de 78,9 millones de euros que serán retraídos del presupuesto anual del Plan de Apoyo al Sector de este año y 6 M€ del que viene a costa de otras medidas como la inversión (17,63 M€), promoción (16,47 M€) y reestructuración (23,326 M€). Sin haberse conseguido por el sector que, a igual de lo sucedido en Francia o Italia, la Administración nacional viera complementado con ayudas nacionales este presupuesto.

Sin duda, medidas demandas por el sector y necesarias para atajar las graves consecuencias de una economía paralizada y amenazada por una profunda recesión, pero que no pone remedio al grave problema histórico que tenemos en España de desequilibrio entre lo que producimos y lo que utilizamos. Vender fuera está bien y es tan digno como hacerlo dentro, pero aspirar a tener un sector fuerte y competitivo consumiendo una cuarta parte de lo que elaboramos y a un precio medio de 3,26 €/litro en los hogares, según el último informe publicado por la OIVE, requiere medidas que van mucho más allá de destilaciones o inmovilizaciones. Requiere devolver un equilibrio del que ya no tenemos memoria de haber disfrutado alguna vez.