A pesar de la gravedad del asunto, y de las últimas noticias que van en sentido de imponer mayores restricciones de las indicadas para cada fase de la desescalada en algunas zonas atendiendo a razones de alta movilidad; la “normalidad” va volviendo, poco a poco, a la sociedad, sus empresas y colectivos.
Noticias como la evolución del viñedo, con sus enfermedades y posibles estimaciones de cosecha, van recuperando el protagonismo que merecen, tomando gran importancia todas aquellas noticias relacionadas con las medidas que, desde el Gobierno de España, pudieran tomarse a fin de evitar que, en octubre o noviembre, el sector del vino acabe enfrentándose a un problema mucho mayor.
Podemos, y estamos en nuestro derecho de ello, pensar que para esas fechas el problema del Covid-19 será una situación que hayamos superado con éxito. Pero también podemos (y debemos), ser mucho más realistas y asumir que eso no va a suceder. Que a finales de año es posible que no dispongamos de una vacuna y que nos hayamos tenido que enfrentar a algún rebrote (confiemos que la experiencia haya servido para algo y resulte mucho mejor gestionado). Pero, sobre todo, que las secuelas que en la economía, empleo y hábitos sociales sean profundas y, altamente dañinas. Adoptar medidas que superen la barrera de lo soñado para situarnos en la de la realidad es obligación de quienes, voluntariamente, nos han pedido nuestra confianza.
El espectáculo al que estamos asistiendo en la definición, dotación y aplicación de medidas urgentes con las que hacer frente a un problema que dura ya más de dos meses, resulta totalmente inaceptable.
Somos un sector privilegiado. Contamos con 210,332 M€ de fondos europeos este año, y otros tantos el que viene, y el otro, hasta el 2023 para el desarrollo de un Programa de Apoyo al Sector (PASVE). Sabemos, con total seguridad, que una buena parte de esos recursos, destinados a medidas de promoción, reestructuración o inversiones, no se van a ejecutar. Somos conscientes, porque lo estamos sufriendo en el ámbito sanitario, que las medidas que se adoptan en los primeros momentos de un problema resultan menos traumáticas y mucho más efectivas. Y, a pesar de ello, llevamos más de dos meses y un viñedo que apunta amenazador con su cosecha 2020, sin tomar ninguna decisión. Asistiendo a una bochornosa subasta, que si 57,75, ahora 84,9 M€… para destilar 2 Mhl (0,5 de vinos con D.O.P. y 1,5 sin indicación de calidad), almacenar durante 6, 9 y 12 meses dos millones y poner en práctica una medida que, y esto es una opinión estrictamente personal, debiera estar en marcha desde el principio como es la cosecha en verde, así como la limitación de rendimientos o el mismo aumento de alcohol exigido en los subproductos.
Sería deseable que, en lugar de pensar qué hacemos con lo que no vendemos, pensáramos en cómo recuperar las ventas. Pero, si eso no es posible, al menos que tengamos unas reglas, lo más parecidas posible en toda la Unión Europea.