Ni es la primera vez, ni seguramente será la última, que los agricultores y ganaderos españoles toman la decisión de salir a la calle para mostrar su hartazgo por una situación de precios que califican de insostenible y ante la que exigen soluciones que van mucho más allá de ayudas y subvenciones. Dotar de contenido a la cadena de valor más allá de discursos bonitos con los que defender su supervivencia, pero carentes de contenido ante la evidencia del empobrecimiento de la parte más débil de la cadena, parece haber llegado a un punto de no retorno.
Aprovechar el momento político actual y valerse de la gran preocupación social que la actual coyuntura rural está teniendo sobre el abandono de muchos de nuestros pueblos entre la ciudadanía; hace que las posibilidades de que en esta ocasión consigan algo más concreto que vagas promesas y discursos grandilocuentes con los que acudir a los mítines pidiendo el voto se multipliquen, hasta poder rozar el sueño de hacerlo realidad, rompiendo la barrera de la demagogia.
Hace unas semanas, hacía referencia, precisamente en estas mismas páginas, a la necesidad imperiosa de que el sector vitivinícola alcanzara acuerdos con los que afrontar de manera conjunta y solidaria los grandes retos que el nuevo mercado exige y ante los que nuestra gran competitividad podría tornarlos en una enorme oportunidad. Pero, para conseguirlo, es necesaria una corresponsabilidad que, hasta ahora, apenas ha traspasado la barrera de lo teórico para acabar chocando con el muro de una realidad en la que cada una de las partes que integran esa cadena de valor con la que deben formarse los precios intenta conseguir sus metas a costa de las otras. La idea de que solo es posible crecer a costa de alguien y que solo cuando alguien pierde yo gano es una realidad ante la que nadie está en poder de señalar a los otros. Solo las circunstancias de cada momento hacen que sean unos u otros los que acaben imponiendo sus condiciones.
Ir de la mano es posible. Hacerlo sin señalar a un colectivo al que convertir en chivo expiatorio, cuya dilapidación pública solucione un problema estructural sectorial, básico. La unión nos hace fuertes. La sensibilidad entre los consumidores nos pone en una situación apropiada y la capacidad de nuestros dirigentes es sobrada. Ya solo falta que los intereses colectivos se impongan a los particulares y no permitamos que quienes son parte del problema no den un paso atrás y eviten erigirse como los grandes salvadores.
Para poder tomar alguna decisión sectorial que ponga fin a esta diabólica espiral es necesario conocer en profundidad los costes de producción de la uva, transformación, comercialización y distribución. Afortunadamente, entre los objetivos de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) figuraba precisamente la redacción de un estudio independiente que permitiera conocer los costes de producción de un kilo de uva. Por lo que sabemos, esto ya es mucho más que una intención, el estudio está hecho y en su planteamiento se han analizado diferentes sistemas de cultivo: secano en vaso, secano en espaldera, espaldera en riego…, así como diferentes zonas de producción.
Confiemos en que esta información podamos conocerla y poner fin, de una vez por todas (con cifras contrastadas), a las numerosas dudas que surgen cuando las organizaciones agrarias denuncian que están produciendo a pérdidas, pero la situación se repite año tras año sin que nadie le ponga remedio. Con este estudio sabremos a ciencia cierta cuál es el punto de partida desde el que debe comenzar a formarse la cadena de valor que arroje el precio de nuestros vinos. Lo que, por otro lado, tampoco garantiza nada en una economía de libre mercado, en la que cada uno es libre de vender o comprar al precio que acuerden libremente las partes; y siempre y cuando no se produzcan situaciones de dominio. Pero es un paso importante a partir del cual alcanzar esa fuerza necesaria.