Hablar de los mercados y sus cotizaciones, de su operatividad y las argucias empleadas por cada uno de los operadores en la defensa de sus intereses, está mucho más allá de mis atribuciones y completamente alejado de mis intenciones, que se limitan a informar de lo que sucede y, en todo caso, intentar explicar alguna de las razones que lo justifican. Así es que, lamentablemente, me debo declarar completamente incapacitado para valorar la denuncia que públicamente ha hecho la organización agraria Asaja CLM en la que critica “la especulación de operadores e industriales para bajar los precios del vino y mosto en la región”.
En ella, se acusa a los operadores de “bajar los precios generando incertidumbre y comprando vino a cuentagotas…” y denuncian que “no se corresponden los precios tan bajos que se están pagando ahora por el vino con los precios que los principales compradores de la región pagaron por la uva durante la vendimia”. Llegando incluso a acusar a las grandes industrias agroalimentarias de hundir el sector primario con sus prácticas de competencia desleal.
No encuentro en este comunicado ni una sola denuncia concreta, ni tan siquiera el anuncio de la apertura de ningún expediente por parte de la Agencia para la Información y Control Alimentarios (AICA) o Competencia al respecto. O acusación a las grandes cadenas de distribución sobre las políticas comerciales que les están imponiendo a sus proveedores. Tampoco reclamación alguna hacia el Ministerio por mostrarse más proactivo en la recuperación de una pequeña parte de la gran cantidad de consumo que hemos perdido con las dos últimas generaciones.
Sin la más mínima intención de enjuiciar lo que cada uno hace y las acciones que en la defensa de sus objetivos emprenda; no parece que acusar a los demás de lo que me está sucediendo sea la mejor forma de pretender solucionar problemas que, necesariamente, pasan por el acuerdo de las partes. Defender la rentabilidad de sus representados no sé por qué tiene que tener más importancia que la defensa de buscar el aumento de sus beneficios a la industria. Si acaso esa reclamación debería hacérsela a las Administraciones que son las únicas que tienen la obligación de defender los intereses de “todos” y, en aras de esa defensa, establecer políticas que lleven al desarrollo de leyes con las que hacerlo. Pretender que bajo el cumplimiento estricto de la legalidad los intereses de unos estén por encima de los otros es algo más propio de otro tipo de sociedades y regímenes.
Los cambios se suceden a una velocidad vertiginosa, el comercio se desarrolla bajo condiciones que poco o nada tienen que ver con las de hace apenas cinco o diez años, la sociedad busca en el consumo de vino cosas que están muy alejadas de sus características intrínsecas. Acusar al de enfrente de intentar hacerlo y señalarle como culpable de que yo no lo haga, no ayuda a buscar la única forma de superarlo que no es otra que hacerlo de manera conjunta.
Que una Organización Profesional Agraria plantee esas acusaciones tan graves, teniendo como vicepresidente primero de la Interprofesiona del Vino de España a Pedro Barato, deja mucho que desear.
O se denuncia directamente a la AICA, a la Comisión Nacional de la Competencia o bien en la propia INTERPROFESIONAL responsables de velar por la implantación de los contratos tipo.