Si queremos ser un sector potente y tener alguna posibilidad de hacerlo atractivo para generaciones futuras, lo primero que debemos conseguir es hacerlo sostenible económicamente. Se hace muy difícil imaginar que aquellas personas que tengan una alternativa de futuro laboral escojan quedarse cultivando la viña si no reciben unos ingresos suficientes como para obtener una renta digna de ella.
Lo de la sostenibilidad medioambiental es posible que sea mucho más importante que la económica y sus consecuencias, sin duda, mucho más transcendentales para el futuro de la humanidad. Pero no nos equivoquemos, que los ideales, sin un plato caliente garantizado, lo tienen muy difícil para salir adelante.
Y eso, que dicho así puede llegar a sonar obsceno, es una realidad que mejor haríamos en asumir cuanto antes si queremos encontrar la forma de avanzar.
Para ello hay que seguir insistiendo en eso de “valorizar” el producto. Lo que como objetivo a largo plazo está genial. Pero, para llegar a ello, tenemos que ir cubriendo ciertas etapas que resultan ineludibles. Y aún con todo y con eso, todavía seguiríamos teniendo el mayor de los problemas sin resolver: su venta. Porque, no lo olvidemos, producimos vino para venderlo, no para almacenarlo, quemarlo o retirarlo temporalmente del circuito. Nuestro objetivo es que la gente consuma nuestros vinos.
Para alcanzarlo es necesario definir con cierto detalle: producciones, rendimientos, grados, zonas, técnicas de cultivo, rentabilidades, precios… En definitiva: cuál es el modelo de producción con el que soñamos. Después, concretar a un cierto nivel de detalle todos estos parámetros. Y, por si todo esto no fuera ya lo bastante complicado, encontrar la forma de hacerlo sin entrar en conflicto con la libertad de mercado y la competencia.
Y mientras esto llega (si es que lo conseguimos), parece necesario dotar al sector de herramientas con las que poder actuar. Así como de organizaciones con la capacidad para implantarlas. Sobre lo segundo, está bastante claro que está la Interprofesional, como así lo indican sus objetivos fundacionales. Y en cuanto a lo primero, las propuestas presentadas al Ministerio, órgano con capacidad legislativa para implantarlas, se han concretado en un documento que bajo la denominación “Hoja de Ruta” para la estabilidad y la mejora de la calidad de los vinos, pretende exigir unos requisitos mínimos de calidad para la uva de vinificación, intensificar el control de subproductos para la destilación y establecer mecanismos de regulación de la oferta. Todo ello con el plazo de puesta en marcha del primero de noviembre próximo para la intensificación de los controles en los subproductos destinados a la destilación; y la campaña 20/21 para las relacionadas con la norma de calidad y mecanismos de regulación, de tal forma que sean conocidas por los operadores antes de que comience la campaña.