A pesar de los continuos crecimientos en los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura en su estimación de cosecha, siendo la última publicada la correspondiente al 31 de marzo en su “Avance de superficies y producciones agrícolas” que cifra la producción nacional de vinos y mostos de la campaña 2018/19 en 50.355.364 hectolitros; 14.887.917 hl más que la anterior y un cuarenta y dos por ciento. Sería un tanto exagerado achacar a este dato la responsabilidad de la escasa actividad comercial que se desarrolla en nuestro país en estas últimas semanas.

Sabemos que las cifras tienen un lado psicológico que va más allá de lo estrictamente numérico y racional, y que superar barreras de decenas de millones de hectolitros, en este caso, pasando de los cuarenta y nueve a los cincuenta, provoca un efecto que no tendría ninguna justificación en los escasos 418.764 hectolitros que se ha incrementado con respecto a la estimación de diciembre que cifraba la producción de vino y mosto para nuestro país en 49.936.600 hl.

Aun así, la realidad es que la paralización de la actividad comercial comienza a ser preocupante. Restan apenas dos meses para que finalice la campaña y las existencias en poder de las bodegas mantienen en vilo a los gerentes, que temen unos depósitos llenos con los que recibir la nueva cosecha. Sin importar tanto cuál sea el volumen, como el hecho de que debamos ir dándole entrada a los mostos de una nueva vendimia, sin haber sido capaces de encontrarle acomodo a las anteriores.

Con más o menos convencimiento, todos los operadores parecen haber tomado conciencia de que los cincuenta millones de hectolitros han venido para quedarse. Que esta cifra no es fruto de una campaña excepcional y sí de una reestructuración de viñedo que ha elevado nuestros rendimientos muy por encima de los anteriores. Cuyas verdaderas consecuencias todavía están por conocerse dado que cien mil hectáreas se encuentran o recién entradas en producción o a punto de hacerlo.

Ante este panorama no es de extrañar que las cooperativas y principales organizaciones agrarias se hayan animado a proponer públicamente lo que ya llevaban unos cuantos meses barruntando y que no es otra cosa que la necesidad de autorregular la producción, ya sea mediante la retirada parcial de una parte de la producción, lo que antes de la reforma de la OCM eran los contratos de almacenamiento a largo plazo; o el destino obligatorio a la elaboración de otro producto que no sea vino.

Lo que en términos generales, y sin entrar en detalles nada baladís, supone un gran avance en un sector reacio a la autorregulación y acostumbrado a que sean las administraciones las que acabasen actuando. Tomar conciencia de la necesidad de ser él mismo el que debe establecer las normas bajo las que quiere operar es un gran paso que, confiemos, suponga el primero de un fructífero camino.

Dejando a un lado cuestiones concretas de operatividad o pareceres sobre aquellos aspectos y su orden de actuación en los que debiera centrarse, la reciente sentencia de la Audiencia Nacional ratificando la legalidad de la “extensión de norma” de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) supone un verdadero espaldarazo al sector vitivinícola español.

Es importante entender que el sector se enfrenta a una situación muy delicada de desequilibrio entre lo producido y lo consumido. Que esta brecha está llamada a hacerse más grande en los próximos años, con la entrada en producción de nuevas y viejas hectáreas reestructuradas, con rendimientos que triplican, en el mejor de los casos, los históricos. A toda esa producción, que bien podría situarnos en niveles medios de cosecha por encima de los cincuenta y cinco millones y medio de hectolitros, con apenas poco más de diez de consumo, habrá que encontrarle acomodo. Y hacerlo en un entorno donde importantes países en los que hasta ahora el cultivo vitícola suponía una superficie anecdótica y a los que mirábamos con gran interés como mercados destino interesantes en los que colocar una parte de esa producción que no nos queda otra que exportar; países como Rusia o China; parecen haber tomado conciencia de sus posibilidades apostando por la viticultura y la elaboración. Producción que en un mercado globalizado, donde el consumo se mantiene estabilizado o con una ligerísima tendencia positiva, nos podría poner las cosas muy difíciles para un segmento muy importante de nuestras exportaciones, especialmente aquellas donde el precio es, prácticamente, el único factor diferenciador.

Contar con organizaciones que recauden pero que, también, gestionen adecuadamente esos recursos puede ser la única alternativa que nos quede como sector para alcanzar ese cambio que debe producirse en nuestra comercialización y mix de producto.

Sin adelantarnos a lo que vaya a suceder, parece que será irremediable que los mercados cambien en un periodo breve de tiempo, los canales de comercialización pondrán en valor aquellas herramientas que los hacen universales, los consumidores como individuos adquirirán más notoriedad y requerirán mayor protagonismo. Las producciones solo podrán orientarse atendiendo a criterios de eficiencia, bien por gran competitividad en los costes de producción que permitan ofrecer precios muy interesantes, bien por hechos diferenciadores que granjeen la atención de los consumidores.

Pretender afrontar esta revolución a la que nos enfrentamos desde un sector tradicional, altamente resistente a los cambios, con fuertes raíces en el origen y una profesionalización y estructura empresarial con escasos recursos, de manera individual; se asemeja bastante a lo que sería un suicidio colectivo, en el que solo los líderes salen airosos a costa de la gran masa que fenece anónimamente.

De la misma manera que necesitamos de grandes viticultores que pongan en valor la producción de uva dotándola de la rentabilidad necesaria que haga del cultivo de la viña una actividad empresarial. De bodegas capaces de realizar aquellas acciones comerciales con las que llegar a los consumidores con sus vinos y darles a conocer aquellos valores que los diferencian y engrandecen. Necesitamos de organizaciones con fuerza (recursos), locomotoras que marquen el camino por el que ir y permitan desarrollar a los consejos reguladores, bodegas y viticultores aquellas estrategias individualizadas acopladas a un mensaje y objetivo común en las que aprovechar sinergias.

El lado malo de esto es que hay que pagarlo. Y ya se sabe que cuando esto sucede, como con los impuestos, nunca llueve a gusto de todos y cada uno recaudaría y gastaría con una receta diferente. Pero, de momento, la que tenemos y debemos apoyar, es esta.

Dicen los “viejos del lugar” que hasta San Isidro (15 de mayo) las heladas son un accidente meteorológico a considerar. El problema de este año es que su presencia podría generar un mayor daño del que sería “normal” dado el adelanto presentado por algunas viñas como consecuencia del calor. Como así parece haber sido en la provincia de Álava y La Rioja Alta, así como en Nájera y Entrena de la zona sureste, lugares en los que, según datos facilitados por Agroseguro, la madrugada del 6 de mayo se produjeron episodios que rondaron los -2’5ºC, viéndose afectadas unas cuatro mil hectáreas de viñedo. De esta cantidad cerca de la mitad ya habían presentado el día 10 sus correspondientes declaraciones de siniestro.

No obstante, es importante recordar que estos episodios ya tuvieron lugar durante las campañas 2017 y 2018 en las que se vieron afectadas cerca de veinticuatro mil hectáreas que dieron lugar a indemnizaciones cercanas a los 24 millones de euros en el 2017 y diez millones en la pasada 2018.

Volumen que como puede comprobarse no puede considerarse como representativo de un sector que abarca más de novecientas cincuenta mil hectáreas y produce cerca de siete millones de kilos de uva. Lo que no es óbice para que diferentes organizaciones agrarias denuncien las subidas de prima pretendidas para para la próxima contratación (diciembre 2019) por Agroseguro y que podría suponer hasta un cuarenta por ciento de aumento. Esgrimiendo como justificación, precisamente, la alta siniestralidad de los últimos años de Castilla y León, La Rioja y El País Vasco.

Uvas con las que elaboran vinos de perfiles muy diferentes y que intentan acoplarse lo máximo posible a las tendencias de los mercados. En los que actualmente una acidez bien marcada, como identificativo de frescura, domina claramente las preferencias. Característica que según recientes estudios de mercado no concuerda mucho con el perfil-patrón de la mayoría de los vinos españoles.

Con el fin de encontrar soluciones tecnológicas y promover el desarrollo de nuevos conocimientos, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial está desarrollando el proyecto “FreshWines” que se basará en estrategias vitícolas ecológicas en el viñedo y biotecnológicas en bodega que ayuden a mejorar la maduración de la uva y desarrollar nuevos vinos con perfiles acordes a la actual demanda internacional.

Confiemos en que entre unas cosas y otras, nuestros viticultores tengan la posibilidad de hacer rentable su actividad y permitan desarrollar una verdadera cadena de valor que permita aumentar el mix de nuestros productos.

Escuchadas las palabras del ministro Planas en la inauguración de la Feria Nacional del Vino (Fenavin) que se celebra estos días en Ciudad Real, podríamos concluir que sector y Administración van de la mano en la consecución de objetivos claros y concretos: calidad, organización y la mejora de la internacionalización.

Para alcanzar dichos objetivos ha señalado el importante papel que deben jugar las cooperativas, a las que ha definido como “ejemplos muy significativos de esa implicación”, poniendo en valor las figuras de calidad diferenciada; el papel que debe jugar la Interprofesional del Vino en conseguir “vender a buen precio” en los mercados, especialmente los internacionales, deseando un incremento de la presencia de nuestros vinos en los mercados nacionales, de la UE y, muy especialmente, emergentes de Asia, Oceanía y América Latina.

Una declaración de intenciones que, sin duda, suscriben todos los que conforman el sector aunque en sus palabras no se hayan mencionado los precios a los que los viticultores están cobrando la uva y las escasa rentabilidad que obtiene la gran mayoría de ellos. Tema que, nos consta, preocupa mucho a su Ministerio, y que solo ha sido abordado de una manera lateral a través de las cooperativas, las que, en su doble papel de productor y comercializador, han de ser las que hagan posible esa traslación de riqueza al sector primario. Dejando en el aire el importante papel que deberían jugar unos precios dignos de la uva en la solución al despoblamiento que están sufriendo nuestros pueblos.

Tampoco parece que los últimos datos publicados por el OEMV, referentes a las exportaciones al mes de febrero, en los que el precio medio del producto vitivinícola español en el acumulado en  los dos primeros meses de este año se sitúa en 1,05 €/litro frente el 1,21 €/litro de hace un año (-13’22%); con gran estabilidad en los envasados, que apenas crecen un 0,6% en valor y 5% en volumen, con un precio medio de 2,22 €/litro frente a los 2,37 €/l del interanual; y de los Bag in Box que crecen espectacularmente en valor (+45,7%), volumen (+38,6%) y precio medio 1,39 €/litro frente a los 1,36 €/litro del interanual, pero cuyo peso en el conjunto apenas representa un uno con setenta y nueve por ciento en valor y uno con treinta y seis en volumen. Siendo la categoría de mayor peso, la del granel “puro”, la que más sufre en el precio con un aumento del 17,2% de su volumen pero una caída del 18,3% en el valor, dejando el precio medio en 0,42 €/litro frente los 0,55 €/litro del dato interanual.

Aunque viendo la evolución de los vinos con indicación de variedad y añada lo de poner en valor las figuras de calidad diferenciada podría merecer alguna consideración más profunda.