Según publicaba el Ministerio de Agricultura en su “Avance de superficies y producciones agrícolas” a 28 de febrero, la producción nacional de vino y mosto de la cosecha 2018 asciende a 50.244.900 hectolitros, lo que supone un 41,7% de aumento con respecto a la anterior, rompiendo la barrera psicológica de los cincuenta millones de hectolitros que ninguna declaración mensual del Infovi había hecho.
Producción que es consecuencia de la transformación de 6.297.700 toneladas de uva, lo que supone un aumento del 32% en cuanto a kilos con respecto al año anterior y un rendimiento del 79,78% en vinificación, con un aumento del 7,34%.
Estas cifras a mediados del mes de abril, a tres meses y medio de la nueva campaña, resultan, cuando menos, sorprendentes. Se hace necesaria una revisión de los procedimientos con los que trabaja el área de estadística del Ministerio. Ya que debería ser esta estimación la primera con la que comenzara a trabajar el sector antes de conocer los datos oficiales y concretos del Infovi, y no los últimos cuando ya se han realizado todas las declaraciones por parte de los viticultores.
Quizá si asumiésemos que para poder trabajar es necesario disponer de información actualizada y que los recursos del Ministerio deberían servirnos para ello, nos irían mejor las cosas. O quizá no, pero no sería porque los operadores no dispusieran de elementos que les ayudaran en su toma de decisiones.
Eso sí, al menos este retraso tiene una ventaja y es que nadie podrá señalar al Ministerio como responsable de haber generado una alarma en el comercio, ni ser responsable de descalabros en los precios o pérdidas de actividad comercial.
En otro orden de cosas, destacar que el MAPA ha elevado a consulta pública para alegaciones y sugerencias un proyecto de Real Decreto con el que modificar el RD 1363/2018 mediante “ajustes técnicos” para la aplicación de las medidas del Programa de Apoyo 2019-23 al Sector Vitivinícola con el que intenta evitar que se dejen sin ejecutar los fondos previstos. Durante el ejercicio FEAGA 2018 se dejaron sin gastar cerca de 50 M€, lo que representa un 14% de los asignados a nuestro país. Lo que es calificado por todos los colectivos implicados como “aberrante” y “totalmente inadmisible”. Además de suponer un alto riesgo de que Bruselas propusiera recortarlos en caso de que se repitiese esta situación.
Con ellos se pretende dotar a la normativa de una mayor flexibilidad, planteando modificaciones en aquellos artículos relacionados con la medida de promoción en mercados de terceros países de tal forma que se facilite su comprensión y verificación. Medida de reestructuración y reconversión ajustando los fondos asignados a las operaciones aprobadas y fondos ejecutados. Cosecha en verde y destilación de subproductos. Así como en las de inversión en las que incluir diversas precisiones para facilitar la utilización de aquellos fondos que se van liberando a lo largo del procedimiento.
Además de incidir sobre la ejecución proporcional de la garantía en el caso de que el beneficiario no ejecute todas las acciones que cubría la solicitud de ayuda. Así como suprimir el criterio de priorización de solicitantes vinculado al cumplimiento del Decálogo para la sostenibilidad integral.
También tiene previsto la ampliación del plazo hasta el 15 de mayo de para la presentación de las necesidades de financiación del ejercicio 2020 para la aplicación de las medidas del PASVE 2019-23.
Por otro lado, destacar la declaración conjunta China-UE en la que se incluye el lanzamiento de un estudio de viabilidad conjunta sobre el fortalecimiento de la cooperación en el sector de los vinos y espirituosos.