Dentro de unos pocos días, el 1 de febrero, entrará en vigor el acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón, con el que se aspira a mejorar la competitividad de los vinos europeos frente chilenos o australianos equiparando los aranceles a nivel tarifario y con los que se estima un ahorro de 112 M€.
Además este acuerdo supondrá la protección de 22 Indicaciones geográficas españolas de las 100 europeas que se verán beneficiadas de manera inmediata y el inicio de un plazo de cinco años para otras como Jerez.
Así como la autorización de 28 aditivos y auxiliares tecnológicos, once a la entrada en vigor del acuerdo, ocho en dos años y nueve en cinco. Y aunque el país nipón ocupa el undécimo destino en importancia con respecto al volumen y duodécimo en valor, son muchas las posibilidades que se abren para nuestras bodegas que confían poder aprovechar este cambio legislativo.
Excelente noticia con la que iniciar un año en el que existen grandes temores sobre los posibles efectos que acabe teniendo la recuperación, a nivel europeo, de una cosecha que retorna a valores “habituales” y a la que habrá que encontrarle acomodo.
Las opiniones más generalizadas señalan el 2019 como un año complicado. A la escasez de operaciones y reducción de volúmenes en el comercio exterior, se añade la fatalidad de unas cotizaciones que no encuentran suelo en su descenso.
La última organización en solicitar la intervención del Ministerio de Agricultura ha sido UPA, quien a través de su máximo responsable sectorial, Alejandro García-Gasco, plantea la realización de los antiguos contratos de almacenamiento privado a largo plazo, la homologación de los contratos, un sistema de arbitraje y la realización de controles para que tenga efectos sobre la cadena de valor. Todo ello a evitar profundos dientes de sierra en las cotizaciones que solo generan pérdida de valor en los viticultores.