A partir del próximo 1 de agosto, fecha en la que debería entrar en vigor la renovación de la extensión de norma que afecta al sector vitivinícola, la cuota de 0,065 €/hl a la que se ven obligados los vinos a granel pasará a ser de 0,052 €/hl. Mientras que para los envasados la nueva cuota por hectolitro será de 0,18 euros frente los 0,23 actuales que se pagan por hectolitro. Un “descuento” del veinte por ciento que es posible, según palabras de la propia Interprofesional del Vino de España (OIVE), gracias a “la experiencia de estos casi tres años de Extensión de Norma y un mayor conocimiento del funcionamiento del sistema”.
Rebaja que, con total seguridad, no dejará satisfecho a nadie, ya que los detractores de la norma seguirán mostrándose contrarios a tener que sufragar una organización con la que no están de acuerdo, ni en sus planteamientos, ni funcionamiento; mientras que sus defensores tendrán la oportunidad de objetar la inoportunidad de reducir recursos en un momento en el que resulta tan importante recuperar consumo en España y el efecto negativo que puede llegar a tener sobre la continuidad de las campañas tan exitosas que se han desarrollado.
Claro que como fuese cual hubiese sido el acuerdo alcanzado habría tenido sus defensores y detractores, conseguir uno en el que la mayoría de los sujetos pasivos de la Extensión de Norma se encuentren satisfechos, aunque sea cediendo parte de los fondos pero alargando el periodo de vigencia de tres a cinco años; es una buena opción.
Los objetivos para esta nueva Extensión de Norma seguirán siendo los mismos que los de la actual: la promoción del consumo de vino en el mercado interior, con especial foco en la moderación y en fomentar este compromiso entre los operadores; la investigación, desarrollo e innovación; la mejora del funcionamiento de la cadena de valor, habiéndose adoptado modelos de contrato de compra-venta de uva para vinificación y vino que están en trámite de homologación; el refuerzo de la información sectorial y el apoyo al binomio vino y salud. A los que sumar facilitar el acceso del vino a mercados exteriores con la eliminación de barreras comerciales; la lucha y mitigación de los efectos del cambio climático; el fomento de la calidad de las producciones y el diseño de una estrategia sectorial.
Para ello se incidirá en un mejor conocimiento del sector y sus consumidores, a fin de aprovechar sus fortalezas haciendo frente a sus debilidades. De tal forma que le otorguen estabilidad al sector ante fluctuaciones de la producción, así como incrementar el valor añadido de sus productos.
Objetivos que, en campañas como estas, ponen de relieve su importancia, ya que si durante la cosecha anterior tuvimos la oportunidad de comprobar cómo una reducción de la cosecha a nivel mundial no ha sido posible aprovecharla por nuestros operadores para mejorar el posicionamiento de nuestros vinos en los mercados internacionales más allá de aquellas categorías de bajo precio y escaso valor añadido. En la actual, con una recuperación generalizada de la producción, los precios no han dejado de dar señales de debilidad desde que se iniciara la vendimia, con grandes temores sobre lo que pueda acabar sucediendo en los próximos meses. No ya tanto porque los precios de nuestros productos vitivinícolas vayan a variar mucho con respecto los de la campaña 2017/18 en aquellas categorías de mayor valor, para las que los comentarios más o menos unánimes son de estabilidad o ligerísimos ajustes; como para los de escaso valor unitario, que serán los que deban luchar por encontrar acomodo en escenarios internacionales, sin más posibilidades que las de soportar recortes que confían no vayan más allá de aquellas cotizaciones con las que se operó en la campaña 2016/17.