Exigimos y reclamamos que el mercado sea libre, que la libre circulación de mercancías sea una realidad y que la libertad de competencia impere. Todo en aras de disfrutar de mejores condiciones sobre las que desarrollar nuestra actividad económica, con la esperanza de que el mercado reconozca la calidad y sea recompensada en su valor.
Y un buen ejemplo de que esta política comercial funciona podría ser lo sucedido con Canadá, país norteamericano con el que la Unión Europea, firmó hace un año, un Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG), conocido coloquialmente por sus siglas inglesas (CETA) y cuyos primeros resultados no pueden ser más esperanzadores. Nuestras exportaciones crecieron un 17,4% en volumen, alcanzado los treinta y siete millones de litros; y su valor lo hizo por encima del once por ciento superando los cien millones de euros.
La misma libertad y competencia que exigen las bodegas a la hora de fijar los precios a los que firman sus contratos con los viticultores para la compra de sus uvas y que es cuestionada por las organizaciones agrarias ante la gran similitud que existe entre las publicadas por los más importantes operadores. Pero que, al mismo tiempo, es esgrimida por estos sindicatos agrarios, para reclamar el cumplimiento de la normativa para la mejora de la cadena alimentaria que les obliga a conocer, antes de entregar su cosecha, el precio y vencimiento al que será pagada.
Exigencias que se han tornado en denuncias por parte de las organizaciones agrarias de Castilla-La Mancha y Extremadura ante el organismo competente (la Agencia de la Información y Control Alimentario) por la supuesta ausencia del contrato. Llevando al citado organismo a anunciar la puesta en marcha de su programa anual de control e inspecciones.
Un sector que después del de frutas y hortalizas (1.321) y lácteo (712) ha sido el más inspeccionado (699) en lo que tiene de vida (desde enero 2014) el organismo; con veintiuna denuncias, de las que dos estaban relacionadas con la prohibición de “venta a pérdidas”; frente el centenar que acumula el lácteo, cuarenta y nueve de frutas y hortalizas y treinta y una de aceite y aceituna de mesa. El incumplimiento de los plazos de pago, la ausencia de contratos, no cumplir con el contenido mínimo, no contestar a los requerimientos, y las modificaciones unilaterales de los contratos son los motivos por los que se han incoado la mayor parte de los expedientes sancionadores. Recayendo la mitad de ellos en la distribución y el 43% en la industria alimentaria.
Datos de los que podría concluirse que está lejos de poder ser considerado un sector que incumple con sus obligaciones y al que hubiese que vigilar de cerca en aras de un mayor respeto por las normas existentes.
Lo que para nada quiere decir que haya que relajar su vigilancia y control sobre los contratos y su cumplimiento. Precios bajos y mercados excesivamente condicionados por las cotizaciones hacen que los contratos con los suministradores de la materia prima resulten especialmente sensibles a engaños motivados por posiciones dominantes que imponen condiciones de entrega contrarias a la ley. Perseguir estas prácticas, a quienes pudieran realizarlas y sancionar ejemplarmente es un acto de justicia. Tanto como no extender la creencia y propagar el bulo de que es una práctica habitual entre sus operadores. Ya que lejos de traernos efectos beneficiosos, su difusión solo hace que cuestionar nuestra honradez y seriedad en el trabajo. Además de ser mentira, como así lo demuestran los datos hechos públicos por la AICA desde su constitución.