Las vendimias, los constantes episodios tormentosos que están afectando gran parte de nuestra geografía, sus posibles consecuencias sobre la calidad y cantidad de la cosecha y los precios a los que acaben firmándose los contratos; o incluso las denuncias realizadas por las organizaciones agrarias sobre las entradas de uva que se están produciendo sin los obligados contratos que fijen plazo y precio, son los temas que verdaderamente ocupan a todos los operadores del sector.
Hasta el momento, todo lo que conocemos son rumores, con una opacidad bastante importante en la difusión de los precios a los que están entrando las uvas y que en la zona centro estarían en torno a los del año pasado o ligerísimamente por encima para algunas partidas seleccionadas.
Y es que, si en campañas anteriores las tablillas representaban un claro cartel anunciador, esta campaña está siendo aprovechada por las grandes bodegas para, acogiéndose a la obligatoriedad de los contratos que impone la Ley de la Cadena Alimentaria, obviarlas y demorar lo máximo posible la generalización que supone su publicación. Nadie quiere ser el primero, corriendo el riesgo de pisarse los dedos con unos precios que podrían ponerles en una situación muy delicada de cara a defender las cotizaciones de sus vinos y derivados a lo largo de la campaña.
Ninguna campaña es fácil, pero esta se presenta especialmente delicada ya que no sabemos muy bien cuál puede ser el comportamiento de nuestro mercado exterior, fundamental para nuestro sector, al que la recuperación de la producción a nivel mundial, el retorno a una cierta normalidad en los países de nuestro entorno y principales compradores; genera grandes dudas. Lo que no parece afectar a las pretensiones de los viticultores, expresada a través de sus organizaciones agrarias, y que son las de que aumenten las cotizaciones de las uvas entre un cinco y un diez por ciento respecto a las del año pasado; todo ello aludiendo a que las existencias han descendido este porcentaje.
Y no será porque no existan otros temas de gran importancia como pudieran ser las posibles modificaciones que se está planteando la Comisión Europea con el fin de simplificar el proceso de identificación de los vinos como “indicaciones geográficas” y que afectaría tanto a los vinos con I.G.P. como D.O.P. Según el anuncio realizado, los cambios que se realicen pasarán a clasificarse de dos maneras: las “enmiendas de la Unión”, las cuales cubrirán y se aplicarán solo a los cambios importantes en una I.G, como su nombre, su categorización, su vínculo con el área geográfica o cualquier cosa que restrinja la comercialización del producto; modificaciones que serán adoptadas a nivel de la UE. Y aquellas otras que denominan “enmiendas estándar”, que cubrirán todo lo demás, serán adoptadas a nivel nacional. Esto permitirá una definición más clara de las diferentes modificaciones y reducirá los plazos dedicados al proceso de registro.
Lo que pueda acabar pasando con nuestro candidato a la Dirección General de la OIV, Pau Roca, cuya votación tendrá lugar el próximo día 19 de septiembre en París y para lo que el ministro de Exterior, Josep Borrell, ha declarado su apoyo incondicional; tampoco es un tema baladí, pues en esta elección nos jugamos desempeñar un papel relevante en el mundo vitivinícola. Confiemos en que la labor desarrollada en estos tres meses dé sus frutos y ocupemos el puesto que merecemos.
Pero no acaban aquí las noticias ya que el Ministerio de Agricultura está preparando unos cambios en el RD de medidas del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE) 2019/23, que afectarían a diversos aspectos relacionados con las condiciones de aplicación de las medidas de promoción, reestructuración de viñedo e inversiones; así como el adelanto en un mes de los plazos de tramitación.