Exigimos y reclamamos que el mercado sea libre, que la libre circulación de mercancías sea una realidad y que la libertad de competencia impere. Todo en aras de disfrutar de mejores condiciones sobre las que desarrollar nuestra actividad económica, con la esperanza de que el mercado reconozca la calidad y sea recompensada en su valor.

Y un buen ejemplo de que esta política comercial funciona podría ser lo sucedido con Canadá, país norteamericano con el que la Unión Europea, firmó hace un año, un Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG), conocido coloquialmente por sus siglas inglesas (CETA) y cuyos primeros resultados no pueden ser más esperanzadores. Nuestras exportaciones crecieron un 17,4% en volumen, alcanzado los treinta y siete millones de litros; y su valor lo hizo por encima del once por ciento superando los cien millones de euros.

La misma libertad y competencia que exigen las bodegas a la hora de fijar los precios a los que firman sus contratos con los viticultores para la compra de sus uvas y que es cuestionada por las organizaciones agrarias ante la gran similitud que existe entre las publicadas por los más importantes operadores. Pero que, al mismo tiempo, es esgrimida por estos sindicatos agrarios, para reclamar el cumplimiento de la normativa para la mejora de la cadena alimentaria que les obliga a conocer, antes de entregar su cosecha, el precio y vencimiento al que será pagada.

Exigencias que se han tornado en denuncias por parte de las organizaciones agrarias de Castilla-La Mancha y Extremadura ante el organismo competente (la Agencia de la Información y Control Alimentario) por la supuesta ausencia del contrato. Llevando al citado organismo a anunciar la puesta en marcha de su programa anual de control e inspecciones.

Un sector que después del de frutas y hortalizas (1.321) y lácteo (712) ha sido el más inspeccionado (699) en lo que tiene de vida (desde enero 2014) el organismo; con veintiuna denuncias, de las que dos estaban relacionadas con la prohibición de “venta a pérdidas”; frente el centenar que acumula el lácteo, cuarenta y nueve de frutas y hortalizas y treinta y una de aceite y aceituna de mesa. El incumplimiento de los plazos de pago, la ausencia de contratos, no cumplir con el contenido mínimo, no contestar a los requerimientos, y las modificaciones unilaterales de los contratos son los motivos por los que se han incoado la mayor parte de los expedientes sancionadores. Recayendo la mitad de ellos en la distribución y el 43% en la industria alimentaria.

Datos de los que podría concluirse que está lejos de poder ser considerado un sector que incumple con sus obligaciones y al que hubiese que vigilar de cerca en aras de un mayor respeto por las normas existentes.

Lo que para nada quiere decir que haya que relajar su vigilancia y control sobre los contratos y su cumplimiento. Precios bajos y mercados excesivamente condicionados por las cotizaciones hacen que los contratos con los suministradores de la materia prima resulten especialmente sensibles a engaños motivados por posiciones dominantes que imponen condiciones de entrega contrarias a la ley. Perseguir estas prácticas, a quienes pudieran realizarlas y sancionar ejemplarmente es un acto de justicia. Tanto como no extender la creencia y propagar el bulo de que es una práctica habitual entre sus operadores. Ya que lejos de traernos efectos beneficiosos, su difusión solo hace que cuestionar nuestra honradez y seriedad en el trabajo. Además de ser mentira, como así lo demuestran los datos hechos públicos por la AICA desde su constitución.

A la hora de redactar estas líneas, mediodía del miércoles, solo podemos decir que las votaciones para Director General de la OIV siguen como si nada hubiese pasado desde el mes de julio en el que tuvieron lugar, y debieron ser aplazadas ante el bloqueo existente. En el que el candidato español, Pau Roca, alcanzaba mayoría sobresaliente tanto en el número de votos 84,1 como de países 25, pero insuficiente para alcanzar la requerida de 92,1 y 24 respectivamente.

Como ya hemos denunciado en alguna ocasión, no se trata de un tema estrictamente personal, sobre cuál es el candidato, ni tan siquiera el país al que representa. Es un tema que va mucho más allá de estas cuestiones, un asunto que está poniendo en cuestión la primacía de los países tradicionalmente productores ante el modelo impuesto en los del Nuevo Mundo.

Y como sea cual sea el que acabe siendo el resultado, la vida seguirá y deberemos enfrentarnos a una nueva campaña, con una nueva cosecha y unos nuevos precios. Casi mejor va a ser dejar este asunto para cuando esté resuelto y ocuparnos de cuestiones mucho más cercanas a nuestras preocupaciones más inmediatas. Aunque estas puedan resultar mucho menos transcendentales para el sector, pero que nos preocupan mucho más en estos momentos.

De todo lo que ha sucedido esta semana con la publicación de las tablillas por parte de las principales bodegas manchegas, así como de los contratos transcendidos entre viticultores y bodegueros de otras zonas de España es muy posible que la primera conclusión que podamos sacar es que tampoco en este tema el tiempo transcurrido en la pasada campaña haya servido de mucho. La recuperación estimada de la cosecha a nivel europeo, no ha hecho sino devolvernos a cotizaciones en las uvas similares a las de la campaña 2016, y las de los mostos y vinos, tienen pinta de seguir el mismo camino.

Todas aquellas esperanzas de aprovechar las circunstancias de la pasada campaña para abrirnos un hueco en el mercado y aproximar el precio de nuestro elaborados a su valor, se han visto frustradas. Al menos en el corto plazo, pues yo creo que en fondo sí ha servido de algo y ha sido una buena base para seguir trabajando en ello. Aunque sea con la esperanza de verlo reflejado en las cotizaciones y tipología de vinos en un futuro a medio y largo plazo.

Con las vendimias como una realidad palpable ya en muchas regiones españolas, adquieren especial relevancias todos los asuntos relacionados con la “colocación” de la producción.

Somos el primer país del mundo por extensión de viñedo de uva de vinificación, hecho que nos conduce de manera irremediable a escalar posiciones en la producción de vino, mostos y derivados. Y nuestros datos de consumo mejoran tan lentamente y en unas circunstancias tan hostiles que la simple imaginación de alcanzar incrementos sustanciales resulta totalmente utópica.

Y aunque las exportaciones nos han ido solucionando el problema de los saldos generados entre producciones y utilizaciones, todo parece indicar que estamos cerca de nuestro techo en el exterior y que cada año será más complicado mantener los volúmenes exportados si queremos aumentar el valor.

¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es la solución?

Sabemos que no existe una respuesta fácil a ninguna de estas dos preguntas y que cada bodega busca la forma de hacerlo que mejor se adapte a sus posibilidades y circunstancias. Pero esto no es suficiente para el conjunto del sector. Adoptar pues, medidas de índole regulador que permitan ordenar la producción en aras de una mejor competitividad se presenta cada vez más como una opción a tener en cuenta.

Castilla-La Mancha es consciente de que concentrando la mitad de toda la producción y viñedo de España es el “problema” del sector, pero que también puede ser la “solución” y en ello llevan trabajando sus administraciones. Un buen ejemplo de esto lo podemos encontrar en su Plan Estratégico del Vino, actualmente en periodo de alegaciones y en el que se contemplan diferentes medidas reguladoras, todas ellas encaminadas a mejorar el valor medio de la producción y la rentabilidad de todas las partes que la hacen posible: viticultores, bodegueros/cooperativas y comercializadores. Para ello la reducción de los excedentes desviando parte de la producción hacia otros productos que no sean estrictamente vino resulta una medida a tener en consideración seriamente.