A diferencia de lo sucedido en campañas anteriores, donde el adelanto sobre las fechas “tradicionales” era la nota más generalizada en la vendimia. Este año parece que volvemos sobre nuestros pasos y recuperamos las fechas que habían venido siendo las habituales. Con una evolución que puede considerarse más que correcta en la inmensa mayoría de las regiones y en las que las estimaciones, hasta ahora formuladas, señalan un claro aumento de la producción.

¿Hasta dónde puede llegar este aumento? Esa es la gran pregunta sobre la que nadie se atreve (o quiere) pronunciarse. El potencial de producción, con la incorporación de las campañas reestructuradas, es incuestionable que ha crecido de manera importante. Los cincuenta millones de hectolitros son una cosecha que está ahí y que en una campaña u otra acabaremos alcanzando sin más excepcionalidad que la propia de la naturaleza. Ahora bien, si será esta en la que nos tengamos que enfrentar a superar la barrera de los cincuenta o tendremos que esperar algún otro año es una cuestión sobre la que, de momento, no podemos concretar.

Los constantes episodios de lluvias, así como las continuadas granizadas, tampoco parecen que vayan a acabar teniendo un efecto muy importante en la cosecha. Ya que la calidad del fruto es muy buena y las hectáreas afectadas por la piedra, reducidas.

Y bajo este panorama, las bodegas van cerrando por vacaciones unos días y preparando sus instalaciones para días frenéticos y previsiblemente cargados de tensión, por un tema que sigue siendo una de las más importantes asignaturas que viticultores y productores tiene por resolver. Y que no es otra que la de dotarle de una cierta continuidad a la política de precios que asegure la estabilidad exigida por el consumidor, las fluctuaciones muy estrechas que impone la distribución y la subsistencia que demandan los viticultores.

Una proyección que, en cierto modo, tiene mucho que ver con el peso de nuestro país en el ámbito internacional vitivinícola y del que hemos tenido ocasión de comprobar su escaso nivel en los días pasados con varios episodios de naturaleza bien distinta.

El primero y más noticiado podría ser lo sucedido con Francia y nuestro rosado, asunto ante el que hemos tenido que salir a defendernos ¡como si fuéramos nosotros los acusados!, cuando en realidad lo que somos es las víctimas, al utilizarnos (nuestro vino) para beneficiarse otros engañando al consumidor.

Pero en mi opinión no ha sido el episodio más importante. Pues aunque mediáticamente es mucho menos relevante y así ha sido tratado por la prensa, en general, pero también la especializada. Lo sucedido en la OIV merece un comentario aparte. Ya que si bien las cifras de superficie, producción e incluso contribución a este organismo internacional, evidencian que España es una gran potencia mundial vitivinícola, su peso en esta organización podríamos calificarlo históricamente de “mediocre”, pero actualmente de “inadmisible”.

Actualmente contamos con un solo representante, Vicente Sotés, como vicepresidente, a menos de un año de ser relevado. Y los nombramientos que se están produciendo de cara al próximo mandato amenazan con dejarnos fuera de su estructura. Lo sucedido en las elecciones que tuvieron lugar a principios de este mes para elegir el nuevo director general, con Pau Roca, nuestro representante, es algo que resulta totalmente inaceptable. Y que va mucho más allá de personas, suponiendo un claro menosprecio a nuestra nación como país relevante en el ámbito vitivinícola. Tenemos hasta el 19 de septiembre. Fecha en la que se intentará desbloquear la situación actual en la que ninguno de los dos candidatos (España y Nueva Zelanda) hayan alcanzado los 2/3 de votos necesarios. Confiemos en nuestros Ministerios sepan ver la importancia del asunto y trabajen en ello como merecemos.

Si hay alguien que piense que los 198,08 millones de litros de vino que le llevamos enviando a Francia entre enero y abril, de los que 144,66 lo son sin D.O.P. y a granel. O los más de 643,92 con los que cerramos el 2017, con una clara mayoría de esa categoría de vinos sin D.O.P. y a granel (451,51), lo eran para ser embotellados en destino como vino español permitiendo que los consumidores identificaran claramente que se trata de vino envasado en Francia pero de origen español; o es que no conoce muy bien el funcionamiento de los mercados, o que su ingenuidad no tiene límite.

Como en el tema de los negocios la ingenuidad no existe y el buenismo acaba donde está en juego el primer céntimo. Los 0,42 €/litro del 2017 o los 0,59 de este primer cuatrimestre del 2018 no dejan mucho lugar a la duda sobre qué es lo que hacen con él y a qué lugares de venta van destinados principalmente.

Dicho esto, nada justifica que no se cumpla la ley. Y si la legislación europea obliga a que el vino envasado como “Vino de …” se trate de vino producido y envasado en ese país, y para aquellos vinos mezclados con los importados exista la leyenda de “Vino de la Comunidad Europea”; cualquier actividad que no cumpla con estas obligaciones es un fraude y un delito que debe perseguirse.

Y así lo han reclamado los sindicatos franceses que ven en nuestros vinos una preocupante amenaza, especialmente para aquellos productos de entrada de gama. Pero también las autoridades francesas que llevan realizando severos controles contra el “afrancesamiento” de los vinos importados, así como las españolas para las que supone una competencia desleal a nuestras bodegas que se ven gravemente perjudicadas en sus posibilidades de hacerse con un mercado para los que cuentan con el producto indicado.

Así pues, que nadie se engañe, pues todo lo sucedido con la comercialización de vinos rosados españoles como franceses no es más que el fraude de una bodega gala a la que habrá que sancionar con todo el peso de la Ley. Y que nuestros vinos, con estas prácticas, no son otra cosa que uno más, junto con los consumidores y distribuidores, de los engañados y perjudicados.

Medir la salud de un sector es siempre complicado y requiere de valores de referencia que te permitan tener una visión lo más objetiva posible de la situación. Al margen de otras apreciaciones subjetivas relacionadas con aspectos como la calidad o valoración del producto, que requieren de estudios sociológicos complicados y no siempre coincidentes.

Centrándonos solo en esos primeros parámetros cuantificables y de los que tendrán ocasión de disponer en una completa gama en nuestro próximo Extraordinario de Estadísticas, podríamos concluir que el sector vitivinícola español goza de una buena salud y disfruta de unas extraordinarias perspectivas.

Lo sucedido con los precios de las uvas en la pasada vendimia; la correlación que esa subida tuvo en los mercados tanto de mostos y derivados como vinos; el aumento de las exportaciones en volumen y valor aumentando de manera considerable el precio medio; la solicitud de nuevas plantaciones (especialmente las que han realizado los jóvenes agricultores); la tasa de cumplimiento de los programas de apoyo; el crecimiento de la superficie de viñedo ecológico…, con la mácula de los datos de consumo. Son cifras que reflejan las grandes posibilidades de este sector.

Pero es que, además, en el terreno de lo intangible, podemos concluir que los éxitos de nuestros vinos en los concursos internacionales, el aumento de los vinos de mayor valor en las exportaciones, el incremento de los precios en los establecimientos españoles de los vinos, el aumento de referencias en las grandes cadenas de distribución; la misma compra por grupos inversores de cavas emblemáticas, pero también de pequeñas bodegas que no son noticias (pero que no por ello resultan menos importantes)… evidencian grandes posibilidades que en un periodo más o menos corto de tiempo deberían tener su reflejo en el valor de nuestros productos.

La globalización de la economía, camino sin retorno por más que algunas grandes potencias mundiales se empeñen en poderle freno, es una realidad que nos favorece, que nos da la oportunidad de hacer grandes cosas y que nos llevará de manera irremediable a mejorar la imagen de nuestros vinos y elevar su precio.

Aunque este camino no esté exento de baches y pequeñas curvas que nos puedan hacer pensar que lo truncamos. La próxima vendimia y los precios de sus uvas y productos pueden ser uno de esos momentos que nos hagan cuestionarnos si nuestras previsiones no habrán sido más que un bonito sueño de verano. Las grandes cadenas de distribución ya empiezan a cuestionar subidas todavía pendientes e incluso se atreven a demandar bajadas en los precios. Las producciones de nuestros principales compradores harán menos necesarias sus compras. Pero ni una cosa, ni otra, justificarán retroceder todo lo conseguido, cuestionándonos sobre el gran futuro que tenemos por delante.

Si hace unos meses Freixenet y el grupo alemán Henkell & Co. ocupaban las primeras páginas de los medios de comunicación, especializados y generalistas, por el acuerdo alcanzado de vender a los germanos la mayoría accionarial por 220 millones de euros (sorprendiéndonos posteriormente con las declaraciones del nuevo propietario del 50,75% de la cava en las que señalaba que su modelo de negocio era el de Jaume Serra). En esta ocasión, le ha tocado a Codorníu y al grupo inversor norteamericano Carlyle tener ese extraño honor de notoriedad por el anuncio de que se valoraba la compañía en 390 M€ (300 más los 90 que tiene de deuda) de la que los norteamericanos adquirían un porcentaje de entre el 55 y el 60%. Sin que, de momento, hayamos escuchado cuáles son sus intenciones, más allá de que Carlyle quiere convertir a Codorníu en la cabecera de su grupo europeo de vinos, doblando su facturación, lo que supondría alcanzar los 400 M€.

Ambas operaciones suponen una sacudida importante para el sector del cava español, ya que entre las dos facturan más de la mitad de toda la Denominación. Una indicación de calidad que se ha visto fuertemente criticada por lo que algunos han calificado de “apuesta por el producto barato”, con precios estancados y márgenes muy pequeños, que no permiten abordar las inversiones necesarias para crecer.

Que lleguen fuertes grupos inversores con recursos para abordar estos ataques al mercado es, en sí misma, una buena noticia. Que, por otro lado, no hace sino asimilarlo a lo sucedido en las otras grandes denominaciones del mundo: Champagne o Bordeaux donde, ya hace años, las más prestigiosas bodegas pasaron a manos de grupos financieros multinacionales, con una apreciable presencia de capital chino, todo sea dicho. Además, supone un fuerte espaldarazo al producto y la Denominación ya que ayudará a mejorar su visibilidad en el mercado exterior.

Hasta es posible que nos encontremos con estrategias diferentes entre una y otra, aunque ambas dieron un giro en su política comercial abandonando la marca blanca y apostando por fortalecer los cavas de más valor añadido, como son los de gama premium y ecológico; que el perfil de Carlyle como grupo de capital riesgo la revitalice para posteriormente buscar otros inversores a quien cedérsela. O incluso que pongan sus ojos en otras cavas. Y, puestos a soñar, por qué no también en el vino tranquilo.

Los hechos parecen hacen bastante evidente que el sector necesita de la llegada de grandes empresas de capital, con importantes recursos financieros con los que abordar los mercados internacionales, donde tanto volumen destinamos, pero tan pequeña es nuestra presencia, especialmente en aquellos de segmentos de precio medio-alto. El cava puede ser una primera aproximación de estas empresas al sector vitivinícola español que derive en la adquisición de otras bodegas.

Pero es que, además, por extraño que le pueda parecer a algunos, eso no tiene nada que ver con el apego a la tierra, ni con la defensa de nuestro patrimonio vitivinícola, ni la sostenibilidad. Valores todos ellos que solo tienen duración en el tiempo si van acompañados de otro criterio: rentabilidad.

En esta campaña hemos podido comprobar como aquellas empresas que han seguido apostando por el granel han conseguido mayores subidas en sus valores que los que luchaban por comercializar sus vinos envasados. ¿Y eso porque fueran de mayor o menor calidad? No. Porque unos responden directamente a la ley de la oferta y la demanda del mercado internacional, y otros llevan aparejados otros criterios subjetivos relacionados con el prestigio de la marca (privada o colectiva) que requieren de importantes recursos financieros, de los que nuestras bodegas carecen.