Es muy posible que el consumo abusivo de alcohol durante los fines de semana sea uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la sociedad de este siglo. Y aunque no se trata de un problema exclusivo de España, sí que es de especial gravedad en nuestro país; donde es frecuente encontrarse los fines de semana grupo de jóvenes en plazas y descampados con el único objetivo de consumir alcohol de la forma más rápida posible hasta alcanzar un nivel etílico en sangre elevado.
Dicho esto y desde el más escrupuloso respeto hacia cualquier medida que vaya encaminada a poner fin a esta práctica, no parece que las medidas coercitivas que plantea la Ponencia aprobada por la Comisión mixta Congreso-Senado en el Estudio “Menores sin alcohol”, puedan considerarse una herramienta válida para atajarlo de manera efectiva.
Una de las características que mejor define a los jóvenes es la rebeldía y la oposición a las normas, con un claro dominio de los ideales ante las ideas establecidas. Siendo este posicionamiento ante la vida, aunque esto reconozco que es solo una opinión muy personal, precisamente una de las razones que ha llevado a que los jóvenes de entre 14 y 20 años, franja en la que se encuentra el grueso de los que se ven afectados por el problema de este abuso de alcohol de fin de semana, no consuman vino al verlo como una bebida de “viejos”. Con el inconveniente añadido de su “baja” graduación alcohólica, lo que les impide alcanzar su principal objetivo: “ponerse pedo” (perdón) lo más rápidamente posible.
No voy a ser tan ingenuo como para negar que también el “calimocho” (Coca-Cola con vino) es una bebida consumida en los botellones, pero su incidencia es apenas anecdótica entre los jóvenes. Tampoco que los mensajes de autorregulación o aquellos que hacen referencia a un consumo moderado e inteligente, apenas tienen efecto en esta franja de edad. Incluso puedo llegar a entender que sean necesarias medidas severas con las que desincentivar estas prácticas. Lo que no ha impedido que el propio sector se haya mostrado sensible ante este problema social, adoptando medidas de autorregulación e iniciativas encaminadas hacia un consumo moderado. Cualquiera de este sector haría suyas las palabras que expresa el informe sobre “que cualquier consumo de alcohol en menores de edad debe ser considerado como un consumo de riesgo en sí mismo”; o incluso aquel otro párrafo en el que hace alusión a que “hablamos de la conveniencia, por su función educativa para el conjunto de la sociedad, y efectiva para los menores, de una norma básica que en materia de salud pública regule las medidas necesarias para ofrecer el soporte y la cobertura normativa a las intervenciones educativas, preventivas y asistenciales para proteger a los menores de edad de los daños que produce el consumo de bebidas alcohólicas”, comprometiéndose con su objetivo de “retrasar la edad de inicio en el consumo hasta los 18 años e incrementar la percepción social del riesgo de dicho consumo”.
El problema está en cómo hacerlo y qué medidas adoptar para conseguirlo. Pues si bien reconoce el propio informe que uno de sus objetivos prioritarios debe ser el de “contribuir a un cambio cultural que reduzca los consumos de riesgo en la sociedad española, para lo cual debe tener una orientación educativa fundamentalmente”, también recomienda la revisión de los impuestos especiales estableciéndolos en relación al alcohol puro que se contenga.
La complicidad del sector vitivinícola es total y absoluta en este tema con la Administración, siendo total su disposición a buscar medidas adecuadas para atajar este grave problema. Confiemos en que nuestra clase política tenga la misma sensibilidad hacia un sector que está muy por encima del efecto negativo que tiene su contenido alcohólico y encuentre la mejor forma de colaboración.