Cualquiera que se haya visto implicado en una negociación sabe que existe una máxima por la que ninguna de las partes debe salir de ese proceso completamente satisfecha. Y esta ha sido la postura que el Ministerio, siguiendo con su habitual política, ha decidido volver a hacer suya en el tema de las nuevas plantaciones para 2018 y la aplicación de restricciones en las denominaciones de origen supraautonómicas.
Lo que no le ha servido para eludir críticas muy severas que ven en esta decisión una postura claramente influenciada por la situación política de Cataluña, omitiendo cuestiones sectoriales y que le ha obligado a salir a dar explicaciones por voz de su secretario general, Carlos Cabanas. El lugar elegido ha sido Requena, uno de los 27 términos municipales en los que fuera de Cataluña es posible la elaboración de Cava, y que, junto con el extremeño Almendralejo, más han hecho en estas últimas semanas por denunciar una situación que consideran iba frontalmente contra su derecho a desarrollarse dentro de esta Denominación de Origen.
La decisión final adoptada, una aclaración a la resolución del 27 de diciembre de 2017 del Mapama, sobre su fecha de aplicación. Declarando que dicha resolución por la que se limita el crecimiento del número de hectáreas en la indicación de calidad del Cava a 172,2 hectáreas para 2018 no afectará a aquellas solicitudes de autorizaciones de replantación presentadas con anterioridad al 29 de diciembre (fecha de publicación de la resolución en el BOE) y que se estima pudieran rondar las 4.500 hectáreas totales.
La gran atención mediática que ha tenido este asunto en los medios generalistas, alimentada por un ambiente altamente enrarecido en Cataluña, donde se concentran más del 80 por ciento de los 157 municipios amparados, puede haberle dado a este asunto una importancia que en condiciones diferentes no hubiera tenido.
El doble papel que debe jugar el Ministerio de Agricultura, como organismo responsable ante la Unión Europea de la asignación y distribución de las nuevas plantaciones de producción, por el que ha autorizado un incremento del 0,52% (4.950 ha) de la superficie actualmente plantada en España (951.985 ha) y como el de órgano regulador de una de las Denominaciones de Origen más prestigiadas y reconocidas por su carácter supraautonómico, junto a Rioja y Jumilla, ha hecho que la decisión se haya visto contestada rápidamente, no solo por organizaciones agrarias y bodegueras, como hubiese sido lo habitual, sino por también por partidos políticos que han visto en el asunto un filón mediático.
Admitir de facto un crecimiento del orden del 12% de la superficie actual, para un producto con tasas de crecimiento en su comercialización que apenas superan el 0,5% va claramente contra un crecimiento sostenido. ¿Provocará una contestación de las bodegas dentro de la propia D.O.P.?
El autorizar el crecimiento de la superficie de la viña mucho más que el crecimiento de la venta del Cava puede provocar la caída del precio de la uva y consecuentemente del precio del Cava, que actualmente el consumidor ya puede comprar a € 1,55 que es un precio que no le da prestigio.