Tras unos meses en los que el nerviosismo entre los operadores ha sido la característica más dominante de un mercado, donde la escasez de producción a nivel europeo hacía presagiar grandes oportunidades para las bodegas españolas, parece que la calma ha retornado y las cotizaciones comienzan a dar síntomas de un cierto sosiego, como consecuencia de la ralentización de operaciones y disminución de volúmenes.

Aun con todo y con ello, no podría decirse que las pretensiones de la oferta hayan experimentado más allá que ligeros ajustes propios de cualquier mercado en el que, cubiertas las primeras necesidades y ante el aumento de los precios, los compradores han optado por limitar sus apariciones a aquellas situaciones en las que o la necesidad imperiosa o las características del producto buscado no dejan más alternativa.

Habrá que esperar a conocer los datos de diciembre de existencias, próximos a publicar por el Infovi, para saber cuál es el grado exacto vino en propiedad de la producción para su venta. Aunque todo parece indicar que no es mucho y, desde luego, no lo suficiente como para debilitar los precios más allá de los ajustes propios de cualquier mercado.

Otra cosa bien distinta será lo que pueda suceder en los meses próximos, donde las nuevas cosechas del Hemisferio Sur, las primeras brotaciones y la posición sostenida de la distribución, tanto de las cadenas nacionales, como de las internacionales, están colocando a las bodegas en una posición muy delicada ante la imposibilidad de repercutir los aumentos de precios experimentados en origen; de los que tan bien han sabido aprovecharse los operadores de graneles.

Y aunque los hay que ya han comenzado a hacer públicas noticias bajo la apariencia de informes, con la intención de aprovechar el momento de debilidad, para forzar la caída de las cotizaciones bajo las posibles repercusiones que sobre la próxima cosecha en España pudieran tener los últimos episodios de lluvias; es de confiar que la madurez del sector se imponga, y si las cotizaciones deben disminuir, lo hagan de forma lenta y a lo largo de los meses, evitando profundos dientes de sierra, que no son más que campo abonado para especuladores.

Dejando a un lado cuestiones de índole estadístico que, a pesar de resultar importantes, carecen de relevancia a la hora de conocer cuál es la producción que España ha elaborado de vinos y mostos en esta campaña. Conocidos los datos del Infovi correspondientes al mes de noviembre, esta se sitúa en treinta y cinco millones seiscientos mil hectolitros, procedentes de 4,72 millones de toneladas de uva de vinificación.

Esta producción de vino se concreta en 32,82 Mhl de vino y 2,76 de mosto; y por colores 16,89 (51,5%) lo han sido de tinto/rosado y 15,93 Mhl (48,5%) de blanco. Mientras que los mostos sin concentrar se distribuyen mayoritariamente en blanco con el 81,4% (2,24 Mhl) y apenas un 18,9% en tinto/rosado (0,513 Mhl). Cantidad a la que habría que añadir los 30.246 hectolitros de mosto concentrado, 9.745 de concentrado rectificado y 6.714 del parcialmente fermentado.

Unos datos que vendrían a coincidir exactamente con la previsión publicada por SeVi en su informe de Vendimias recogido en la edición 3.505/1738 del 28 de octubre y que representa un 19,37% de merma con respecto a la anterior.

Volumen que por otro lado tampoco parece haberse reducido lo suficiente como para concienciar a una distribución que se muestra muy fuerte en posición de no repercutir en sus clientes subidas, en términos generales y para el grueso de sus vinos, superiores al cinco o siete por ciento. Cifra muy alejada de los incrementos cercanos al cincuenta por ciento que han experimentado las cotizaciones de estos vinos en origen.

Las explicaciones que dan estas grandes cadenas para argumentar su posición: la gran rigidez de la oferta ante incrementos en precios. O dicho de una forma mucho más coloquial: que sus clientes ante subidas más importantes dejan de comprar vino. Como, además, el vino es un producto reclamo para todas ellas, reconocer la realidad de un sector que ha visto reducida su producción una quinta parte e incrementado sus precios un cincuenta, sería para sus interesantes de cadena un suicidio a corto plazo que, mientras tengan alternativas con los que hacerle frente, no están dispuestas a asumir.

La teoría, al menos la que se manejaba al inicio de la campaña, era que ante la generalización del descenso en toda España, salvedad echa de Canarias, Andalucía y Galicia, los distribuidores no iban a tener muchas alternativas a la asunción de un incremento en los precios. Cosechas cortas en el resto de países europeos, casi del diecinueve por ciento con Francia y por encima del veinticinco en Italia, tampoco dejaban muchas puertas abiertas a este incremento en destino.

Aunque parece que sí la han tenido: un poco tirando de los contratos plurianuales que tenían firmados, otro poco apretando a los bodegas bajo la advertencia de que se jugaban su mantenimiento como interproveedores y un nada despreciable sentimiento de que es preferible reducir oferta a mantenerla a costa de subir los precios. Las bodegas se las están viendo y deseando a la hora de repercutir estas subidas.

Lo que podría estar hasta bien si hablásemos de un sector con un amplio margen de beneficio, o unos precios cercanos a con los que compiten los vinos de la misma calidad procedentes de países de nuestro entorno.

Pero es que ni una cosa, ni la otra. Ni tenemos unos precios que se aproximen a los de los vinos franceses o italianos, ni los costes de elaboración son asumibles si no es en grandes volúmenes, solo al alcance de unas pocas bodegas.

Una delicada situación que va mucho más allá de una mala cosecha o unos resultados negativos en las cuentas de un buen número de bodegas y que pone en evidencia las importantes resistencias existentes para acercar el precio de nuestros vinos a su valor y poder construir así una verdadera cadena de valor.

Para bien o para mal, nuestro futuro, el de todo el sector vitivinícola, depende en buena medida de Europa y más concretamente de los fondos que desde allí nos llegan. Gracias a ellos reconvertimos y reestructuramos nuestro viñedo (72,5 M€), realizamos campañas de promoción en terceros países (50 M€), destilamos los subproductos (31,8 M€), invertimos en nuestras bodegas (56 M€) y en el nuevo PASVE 2019-23, recién aprobado por el Ministerio, también se abre la posibilidad de que de los 210,3 M€ una parte pueda ir destinada a la vendimia en verde.

Cifras que apenas difieren de los pagos realizados en el Programa de Apoyo del 2016 por un importe total de 212,456 M€ y en el que la reestructuración concentró el 35,29%, las inversiones el 27,02%, la promoción el 23,37%y la destilación de subproductos el 14,31%.

La novedad del plan 2019-23 no reside tanto en el importe o las medidas de aplicación, que tal y como hemos visto apenas difieren de las utilizadas en los anteriores, como de las grandes incertidumbres que se ciernen sobre el presupuesto comunitario y sus posibles repercusiones en la Política Agraria Común (PAC) de la que dependen estos planes.

Una salida de la UE del Reino Unido efectiva en marzo del 2019, con el consiguiente quebranto económico que supone la pérdida de entre doce mil y catorce mil millones de euros de contribución neta que representa. Junto con voluntad de modificar las políticas sobre refugiados, defensa, exteriores, empleo, jóvenes, cambio climático, etc. hacen que solo para los dos primeros años 2019 y 2020 estén garantizados los fondos, mientras que para los tres restantes el Marco Financiero Plurianual pudiera sufrir como consecuencias una rebaja de esta cantidad.

Esta situación, la de rebajar sustancialmente los fondos que nos llegan de la Unión Europea, por más anunciada que esté siendo, llegará y debemos estar preparados para ese momento. El sector vitivinícola español está dedicando la parte más importante de los planes comunitarios a adecuar nuestros viñedos a las variedades y tipologías de vinos que demandan los consumidores con el fin de poder disponer de unos productos competitivos. Los resultados comienzan a resultar incontestables viendo la evolución de nuestras exportaciones. Confiemos que en estos años en los que todavía contemos con ayuda con la que hacerlo, seamos capaces de que esa competitividad se vea reflejada también en la rentabilidad de nuestros viticultores gracias a un precio que se aproxime más al valor de nuestros productos.

Lo que en un primer momento se planteaba como una gran oportunidad para darle valor a nuestra producción, propinándole un fuerte impulso a la tarea que tiene encomendada el sector productor de elevar el precio de los vinos en destino, a fin de poder repercutir en los viticultores estos incrementos y construir a través de ellos una verdadera cadena de valor; poco a poco se va tornando en preocupación y generando grandes dudas en el sector bodeguero.

Las bajas producciones de los años anteriores, coyuntura fuertemente acentuada en la última vendimia. Situación generalizada en toda Europa hasta el punto de enfrentarnos a una de las cosechas 2017/18 más bajas de la historia y calificada de “inusualmente corta” por la misma Comisión Europea, presagiaba un panorama alentador para las bodegas, especialmente las españolas que disfrutaban de una gran oportunidad de mejorar sus cuentas de resultados. Además con dos modelos de negocio bien distintos y que podían contentar y permitir definir en qué liga quería jugar cada uno. Por un lado existía la posibilidad de seguir vendiendo a granel a nuestros socios comunitarios con incrementos en los precios en una media de un cincuenta por ciento más caro de lo que lo hicieron el pasado año. Situación que si bien no suponía un gran cambio en lo hecho hasta ahora, sí al menos albergaba la esperanza de subir el listón de los precios de cara a campañas venideras en las que se recuperara la producción.

Pero, sin duda, no era esa la mayor oportunidad que se le presentaba al sector. El reducido margen de maniobra con el que deberían operar las bodegas en la colocación de los vinos en la distribución, tanto nacional como internacional, nos llevaba a pensar, casi de manera inexorable, en una repercusión parcial de los fuertes incrementos de los precios del vino en origen. Abriendo así la posibilidad de muchas bodegas de ir un paso más allá y luchar por hacerse un hueco en el mercado con sus propios vinos.

Pues bien, por más que restan muchos meses todavía de campaña (y en ellos han de suceder muchas cosas que modificarán los precios en origen de los vinos), las cosas no están evolucionando todo lo bien que cabía esperar. No al menos para aquellos que apostaron por una transición del granel al envasado, ni los que confiaban en abrirse un hueco en la distribución, desbancando a otros gracias a una política más contenida de precios.

Los datos de exportación del mes de octubre, últimos disponibles, indican un fuerte incremento de nuestras exportaciones de vino, tanto en valor 22,1% como en volumen 19,3%, elevando el precio medio del litro hasta los 1,41€ (datos mensuales). Magnífica noticia sin duda, a la que no obstante, convendría hacerle una observación, y es que mientras los vinos envasados crecían ese mes con respecto al del año anterior en un 19,0% en valor y 24,0% en volumen, con apenas un decrecimiento en el precio medio del -4,0% dejándolo en 2,26 €/litro; los graneles lo hacían un 41,4% en valor y un 21% en volumen, dejando el precio medio en 0,48 €/litro (16,9%). Lo que nos podría llevar a pensar que, si bien las bajas cosechas de nuestros principales compradores franceses e italianos les han obligado a tener que asumir fuertes incrementos en los precios; también nuestro mercado de vinos “españoles” envasados parece estar aprovechando la oportunidad, aunque sea a costa de sacrificar algo el precio.

Lo que nos lleva al mercado interior, donde la situación no difiere mucho, y en el que las bodegas se las están viendo y deseando en su necesidad de incrementarles los precios a las grandes superficies. Que, aunque conscientes de la situación del mercado, no parecen dispuestas a asumir aumentos que vayan más allá de un tres o cuatro por cien en el PVP.

Cualquiera que se haya visto implicado en una negociación sabe que existe una máxima por la que ninguna de las partes debe salir de ese proceso completamente satisfecha. Y esta ha sido la postura que el Ministerio, siguiendo con su habitual política, ha decidido volver a hacer suya en el tema de las nuevas plantaciones para 2018 y la aplicación de restricciones en las denominaciones de origen supraautonómicas.

Lo que no le ha servido para eludir críticas muy severas que ven en esta decisión una postura claramente influenciada por la situación política de Cataluña, omitiendo cuestiones sectoriales y que le ha obligado a salir a dar explicaciones por voz de su secretario general, Carlos Cabanas. El lugar elegido ha sido Requena, uno de los 27 términos municipales en los que fuera de Cataluña es posible la elaboración de Cava, y que, junto con el extremeño Almendralejo, más han hecho en estas últimas semanas por denunciar una situación que consideran iba frontalmente contra su derecho a desarrollarse dentro de esta Denominación de Origen.

La decisión final adoptada, una aclaración a la resolución del 27 de diciembre de 2017 del Mapama, sobre su fecha de aplicación. Declarando que dicha resolución por la que se limita el crecimiento del número de hectáreas en la indicación de calidad del Cava a 172,2 hectáreas para 2018 no afectará a aquellas solicitudes de autorizaciones de replantación presentadas con anterioridad al 29 de diciembre (fecha de publicación de la resolución en el BOE) y que se estima pudieran rondar las 4.500 hectáreas totales.

La gran atención mediática que ha tenido este asunto en los medios generalistas, alimentada por un ambiente altamente enrarecido en Cataluña, donde se concentran más del 80 por ciento de los 157 municipios amparados, puede haberle dado a este asunto una importancia que en condiciones diferentes no hubiera tenido.

El doble papel que debe jugar el Ministerio de Agricultura, como organismo responsable ante la Unión Europea de la asignación y distribución de las nuevas plantaciones de producción, por el que ha autorizado un incremento del 0,52% (4.950 ha) de la superficie actualmente plantada en España (951.985 ha) y como el de órgano regulador de una de las Denominaciones de Origen más prestigiadas y reconocidas por su carácter supraautonómico, junto a Rioja y Jumilla, ha hecho que la decisión se haya visto contestada rápidamente, no solo por organizaciones agrarias y bodegueras, como hubiese sido lo habitual, sino por también por partidos políticos que han visto en el asunto un filón mediático.

Admitir de facto un crecimiento del orden del 12% de la superficie actual, para un producto con tasas de crecimiento en su comercialización que apenas superan el 0,5% va claramente contra un crecimiento sostenido. ¿Provocará una contestación de las bodegas dentro de la propia D.O.P.?