Hace escasamente unas semanas, la sectorial vitivinícola de Asaja Castilla-La Mancha sorprendía, o no tanto, solicitándole al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de esta Comunidad, Francisco Martínez Arroyo, la puesta en marcha de un observatorio del vino en la región. Los argumentos utilizados: “dotar al sector de transparencia y que proporcione información veraz sobre producción, precios, tendencias de los mercados, así como otros temas vinculados a la actividad y la industria vitivinícola”.

Loable iniciativa que debiera revertir sobre un mercado en el que la evolución de sus cotizaciones da la impresión de carecer de una estrategia profesional a medio y largo plazo que permita a sus vinos ser algo más que la bodega de la que abastecerse aquellos que sí disfrutan de valor añadido en sus productos.

El problema está en que no alcanzo a entender dónde está la ventaja de trocear la eficacia de un organismo tan eficaz como pudiera ser la de un Observatorio Español del Mercado del Vino. Como no sean motivaciones de índole político, que en los últimos tiempos están otorgándole a los sentimientos regionalistas un protagonismo que no siempre resulta bien entendido.

Para ser justos, he de reconocer que pertenezco, desde hace varios años, al Patronato del Observatorio Español del Mercado del Vino en calidad de “patrono experto”, y esto podría llevarme a no ser muy ecuánime en mis valoraciones. No obstante, algunos de los más destacados miembros de la organización agraria comparten mesa, por lo que deduzco que las razones que les han llevado a tomar esta iniciativa van mucho más allá del desconocimiento de cuál es su verdadero funcionamiento y las iniciativas emprendidas en las que suelen justificarse propuestas de este estilo cuando se desconoce el funcionamiento interno de una organización.

Posiblemente un observatorio en la región que concentra el cincuenta por ciento de la superficie y producción nacional, y que es reiteradamente señalada por sus propios operadores como la responsable de los “problemas” a los que debe hacer frente el sector vitivinícola nacional; sea una buena idea, dada la cercanía a la Administración que tiene en sus manos controlar la puesta en marchas las medidas procedentes del Programa de Apoyo al Sector (PASVE).

Pero, al menos, permítanme que cuestione tal eficiencia sobre unas medidas procedentes de la Unión Europea, en las que es el Estado Miembro el responsable de su desarrollo y el que debe dar cuenta sobre su aplicación y cumplimiento.

La globalización de los mercados es uno de los mayores retos a los que el sector vitivinícola debe enfrentarse en los próximos tiempos. Una gran oportunidad que debiera hacernos salir de la mediocridad a la que están sometido nuestros graneles y permitirnos abordar los mercados con nombre y apellido en nuestros vinos, que nos ayuden a generar marca y obtener valor añadido. Para ello es necesario disponer de una información actualizada, veraz e independiente de lo que sucede a nivel mundial. Lo que requiere grandes recursos, que deben ser complementados con sinergias procedentes de organizaciones más centradas en ámbitos profesionales, geográficos o de tipología de productos.

Dividir nunca me ha parecido una buena estrategia para el desarrollo. Como tampoco le he encontrado mucho sentido a lo de dedicar dinero público a hacer algo que ya están haciendo otros, en lugar de intentar mejorarlo y adaptarlo a tus necesidades.

Pero seguro que Asaja Castilla-La Mancha y la Consejería tienen argumentos mucho más sólidos que los míos para llevarlo a cabo, si es que al final lo hacen. Solo espero que lo expliquen muy bien, tanto como para que los demás lo entendamos, y que tengan mucho éxito. Porque en su triunfo está el de todos.

Las organizaciones agrarias y empresariales analizan la campaña, estudian sus producciones y valoran sus calidades. Llegando a la conclusión de que este año se debe producir una revalorización de los precios. Como si la ley de la oferta y la demanda, o el principio máximo que debe presidir cualquier entidad mercantil de maximizar el beneficio, no tuvieran nada que ver en esta batalla de precios en la que se ha convertido, desde el primer momento, la campaña vitivinícola 2017/18.

Disponer a nivel mundial de una cosecha, corta, muy corta; como consecuencias de inclemencias climáticas (cuyas consecuencias sobre la producción van más allá de la campaña en la que acaecen) es algo que preocupa mucho a quienes saben de lo que hablan. Sin duda, mucho que a aquellos que apenas ven más allá de la inmediatez y la oportunidad de sacarse de encima su producción a un precio que dobla aquel con el que se inició la campaña pasada.

Pasar de hablar de potenciales de producción por encima claramente de los cuarenta y ocho millones de hectolitros, para el caso de España, a hacerlo de una cosecha que apenas alcance los treinta y seis, según nuestras estimaciones (porque hay organizaciones que en sus círculos privados barajan cantidades de hasta dos millones menos); es un cambio muy importante. Como tomarse a la ligera si las circunstancias que nos han traído hasta aquí lo han hecho de forma circunstancial o es algo que cada vez se repetirá con mayor frecuencia.

Y aunque la lógica nos debería llevar a pensar en que en el término medio está la virtud, es decir, que reduciremos el potencial de producción pero produciremos mucho más de lo que hemos obtenido esta campaña; la posibilidad de que la planta se vea afectada en su fisiología es una amenaza muy seria como para pasar por ella ligeramente.

La cuestión está en discernir a quién corresponde analizar la situación e intentar arrojar luz sobre el asunto.

Son innumerables las ocasiones en las que desde estas mismas páginas nos hemos referido a la necesidad de recuperar el consumo de vino en España. Y no ya tanto por el hecho de qué hacer con nuestros cincuenta millones de hectolitros que potencialmente tenemos, sino más bien por el peso cultural que en nuestra sociedad tiene.

Vender el vino (o cuántos productos y subproductos podamos obtener de las uvas) lo haremos de una manera u otra. Conseguiremos mejor precio y unas rentabilidades que nos permitan considerar al viñedo como un patrimonio familiar o simplemente un cultivo sostenido en el recuerdo de nuestros ascendientes. Pero lo haremos.

Necesitaremos depósitos y barricas donde almacenar lo no vendido en una cosecha para darle salida en la siguiente. O, por el contrario, habrá que acortar los periodos de crianza con el fin de atender la demanda. Pero acabaremos dándoles salida.

Nuestras afamadas zonas productoras seguirán abriéndose un hueco cada vez mayor en el mercado internacional avalado en la calidad y reconocimiento de sus vinos.

De igual manera, los grandes y cualificados empresarios vitivinícolas encontrarán la forma de hacer de sus bodegas rentables negocios con dividendos suculentos que hagan interesante su inversión.

Y hasta es posible que siga formando parte de nuestro acervo popular y familiar su presencia en los momentos extraordinarios de celebración.

Al fin y al cabo no podemos olvidar que nada, ni nadie, obliga a un viticultor a serlo, ni a una bodega a mantener su actividad. Si unos y otros lo hacen es porque existen razones que así lo recomiendan.

El problema está en que si esas razones están muy alejadas de las económicas de rentabilidad y sostenibilidad, las cosas se complican mucho y hacen muy difícil que su supervivencia se sostenga en el tiempo.

Sabemos, porque estamos cansados de oírlo, e incluso comprobarlo en algún otro sector, que las tradiciones están muy bien y conforman y un patrimonio cultural a proteger, pero que suponen un coste económico muy alto que los ciudadanos no están dispuestos a asumir de manera individualizada.

Cuando se produjo la modificación de la OCM vitivinícola y se establecieron los planes de apoyo al sector nacionales ya denunciamos que si se quería mantener el viñedo en algunas zonas que no eran rentables por una cuestión medioambiental, sería necesario establecer una ayuda para ello.

Ahora, o desde hace ya varios lustros, pero de forma mucho más evidente ahora con la entrada en funcionamiento de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) y su extensión de norma que hace obligatoria su contribución; el sector debe tomar medidas y definir lo que quiere que sea su futuro.

Realizar campañas de recuperación de consumo basadas en no sé qué conclusiones de un estudio, que cualquiera de los que estamos familiarizados con este sector podríamos elaborar en sus líneas generales, es necesario y recomendable. Hacerlo desde la planificación de lo que queremos ser en un horizonte de cinco, diez y veinte años, una necesidad a la que nadie parece prestarle mucha atención.

La falta de organización y planificación genera desorden e ineficacia, ausencia de sinergias y desigualdades entre los agentes implicados. En este sector vitivinícola sabemos muy bien de lo que hablamos porque lo llevamos sufriendo desde hace décadas, con precios ridículamente bajos que hacen imposible retribuciones sostenibles en el sector primario.

La pregunta es si estamos dispuestos a buscar una solución o volvemos a plantear un parche a esta situación.

Ciento cuarenta y cinco millones de hectolitros, con una más que probable revisión a la baja en las próximas semanas, es la cosecha estimada por la DG Agri de la Comisión Europea para la campaña vitivinícola 2017/18. Esto supondría un 14,4% menos de vino y mosto que la anterior, lo que representa poco más de veinticuatro millones de hectolitros menos que los 169.495 obtenidos en la campaña 2016/17.

No es este un sector muy dado a alarmarse fácilmente. Precios que suben y bajan con demasiada facilidad en función de la posición mantenida por unos pocos operadores, que sin apenas movimiento de vino son capaces de alterarlas, nos han demostrado históricamente que es posible. Y aunque la gran mayoría se suben a este carro, más en la esperanza de saber bajarse en el último momento aprovechado todo el rango de subida que hayan sido capaces de reflejar sus cotizaciones; que convencidos de que se traten de cotizaciones reales y sostenibles en el tiempo. Hoy es prácticamente imposible acercarse al mercado a por algo que no sean partidas muy específicas de cualidades muy concretas y por las que, en estas o cualquier otras circunstancias, se estaría dispuesto a pagar precios que nada tienen que ver con los pretendidos por la producción.

Luego también están aquellos que conscientes de la perentoriedad de la situación buscan aprovecharla, y con pretensiones un poco más razonables buscan darle salida a la producción en pocas semanas, garantizándose el cobro y la retirada del producto y aprovechándola para fidelizar clientes. Naturalmente son muchos menos que los que están convencidos del poder dominante que tienen sobre el mercado y que aspiran a doblar los precios de la pasada campaña. Pero los hay, y es importante destacar que cada vez más.

También está ayudando mucho a que haya quien esté dispuesto a quitarse de en medio cuanto antes dándole salida a la cosecha de manera inmediata, el hecho de que los grandes distribuidores no se cansen de advertir que sus negocios no admiten subidas como las pretendidas y que la situación actual que están viviendo les obligará a buscar políticas imaginativas en precios y productos.