Si bien todavía es necesaria la ratificación por parte de los 38 parlamentos nacionales y regionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, la aprobación por el Parlamento Europeo del Acuerdo Económico y Comercio Global (CETA) con Canadá supone un importante paso adelante en la aspiración del sector vitivinícola de mejorar la exportación de vino hacia ese país norteamericano. Así como el fortalecimiento de las Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.). No viene a suplir los importantes problemas que pudieran surgir de la nueva administración Trump en EE.UU., pero supone un paso de gigante en la presencia y respeto del modelo vitivinícola europeo en esa parte del mundo.
Y es que exportar se hace más necesario que nunca. Con una superficie contenida, pero cuyos rendimientos medios crecen a pasos agigantados como consecuencia de la entrada en producción de las miles y miles de hectáreas reestructuradas y reconvertidas, el potencial de producción español supera claramente los cincuenta millones de hectolitros. Mientras su consumo, más contenido que las superficies, apenas consigue dar muestra de una tímida recuperación en el mix de producto, pero con un volumen que no alcanza los diez millones de hectolitros.
Elaborar productos de origen vitivinícola como mostos, alcoholes o vinagres, son cuestiones a las que no le prestamos la atención que merecerían, ya que nuestra calidad y competitividad nos colocan la cabeza del mundo en estos productos. Pero nos sigue faltando una mínima armonización entre oferta y demanda que asegure explotaciones rentables gracias a precios estables. Y, a diferencia de lo que pudiera parecer, esto no se soluciona acordando precios, o concentrando oferta. Esto se soluciona con condiciones claras en la producción de uvas, a las que se les limite su acceso al sector vinícola por exceso en sus rendimientos. Algo así como lo que ha anunciado que hacía alguna de las regiones españoles que más se juega en todo este envite, pero que no dejaba de ser un brindis al sol dados los límites establecidos y los verdaderos, no los declarados, objetivos perseguidos con esa medida.
Es muy posible que la paralización comercial que estamos viviendo en estas últimas semanas, y las debilidades de la que comienzan a dar síntomas algunas cotizaciones no tengan más justificación que pretensiones desmesuradas de una oferta que ajena a lluvias y potenciales de producción, confía en heladas y muestras de fruto escasas dado el mal estado en el que se encontraba la viña en el verano. Su firmeza en el deseo de no vender ha provocado bajadas más teóricas que reales, respaldadas por transacciones comerciales concretas.
También es posible que cosechas escasas en el hemisferio sur, unos porque venían de producciones muy bajas en el 2016 y otros porque el fuego se ha llevado por delante hectáreas y afectado el humo a cientos de miles de kilos, justifiquen esta postura. A la que, sin duda, contribuye de forma muy importante el hecho de que la cosecha en España no haya sido muy elevada, 42.931.111 hectolitros de vino y mosto, según los últimos datos publicados por el Infovi (datos acumulados hasta 30 de noviembre) y en el que se incluyen aquellos operadores con producciones inferiores a mil hectolitros. De los que 39.133.553 hectolitros son de vino y 3.797.558 de mostos.
Aunque no hay duda de que no son estos datos los que justifican la firmeza en la postura de la producción y sí el hecho de que a 31 de diciembre las existencias de vino fueran de 52.572.583 hectolitros, un 5,3% menos que en noviembre; y la de mostos sin concentrar 4.822.688 hl (-6.4%). Aunque desconozca muy bien el motivo de tan semejante optimismo, ya que no disponemos de información con la que comparar estos datos en años anteriores para saber si su evolución es mejor o peor que la de otros años.
¿Como es posible que las Denominaciones de Origen de los vinos españoles no garanticen vinos peculiares como establece el reglamento 607 del año 2009? Ya vemos que engañar al consumidor no da buen resultado.