Han sido necesarios más de diez meses para no cambiar nada. O al menos bien poco. De hecho, en el Ministerio que nos atañe, salvo la incorporación de la Pesca en su nombre, pasando de Magrama a Mapama, todo lo demás, incluida su titular, Isabel García Tejerina, sigue siendo lo mismo.
Y casi mejor que así sea. Ya que, al margen de opiniones personales sobre el partido que debe gobernar, o la persona más indicada para ocupar el puesto de titular de esa cartera, pende sobre todos nosotros una peligrosa “espada de Damocles” que se llama 5.500 M€ con los que la Comisión Europea nos obliga a ajustar nuestros presupuestos y que, amén de subidas de tipos en las retenciones de las grandes sociedades, algún ajuste más habrá que hacer para cumplir con la CE.
¿Se verá afectada la agricultura, alimentación, pesca y medio ambiente en este recorte de gasto? Contestar ahora mismo se hace bastante complicado, especialmente porque creo que ni tan siquiera ellos mismos (presidente y ministros del área económica) lo saben. Pero, por si acaso, convendría estar atentos. No vaya a ser que nos pase como en muchas ocasiones, que cuando nos queramos dar cuenta sea ya demasiado tarde.
En un principio y considerando las escasas competencias que nos quedan en estos temas, el primer impulso nos lleva a pensar que no debiera ser un ministerio muy afectado por cualquier recorte que pudiera producirse en el gasto. Pero, si consideramos que cada vez son más las medidas que requieren de una cofinanciación y que la tendencia en la Unión Europea es ir reduciendo su presupuesto en la Política Agraria. O que las legislaciones nacionales parecen estar recuperando protagonismo, ante una tendencia de simplificar lo máximo posible la legislación europea. O la propia demanda existente en algunos pesos pesados de la Unión, partidarios de dotar de mayor autonomía a los Estados Miembros con la que permitirles hacer frente a todos estos movimientos rupturistas y antisistema que están surgiendo en prácticamente todos los países de la Unión (con el mejor ejemplo posible en el “Brexit”), convendría estar atentos.
Si, además, tenemos en cuenta que el tema del vino es abordado por algunos políticos como un producto alcohólico, nocivo para la salud y causante de un grave problema entre nuestros jóvenes llamado alcoholismo de fin de semana (Elena Salgado y su propuesta cuando estaba al frente del Ministerio de Sanidad, es un buen ejemplo de esta casta de políticos simplistas y con soluciones populistas a los problemas importantes), convendría estar atentos.
Pero, si todo esto no es suficiente motivo para reforzar los esfuerzos por defender el Vino y su labor educacional en los jóvenes, o su papel vertebrador de la sociedad en muchos pueblos de España. Incluso su importancia en nuestra balanza de pagos, siendo un sector netamente, casi exclusivamente, exportador. Hay otro asunto que nos debería hacer estar más atentos todavía. Y es la posibilidad de que se imponga un tipo impositivo al vino diferente del que actualmente disfruta y que, como bien saben, es cero. Esa posibilidad existe desde el mismo momento en que se le fijó.
Y cuando los gastos sociales adquieren un notable protagonismo en las negociaciones que mantienen los partidos políticos que pueden dar sustento al Gobierno y permitirle aprobar los Presupuestos Generales de Estado para 2017, imposibilitando la subida de los impuestos más impopulares como son el del Valor Añadido (IVA) o el de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), los de segundo nivel, especialmente los indirectos como son los de los hidrocarburos o especiales, adquieren un peligroso protagonismo por el que convendría estar atentos.