Con la extensión de norma de la Organización Interprofesional de Vino de España (OIVE) todavía por publicar en el Boletín Oficial del Estado (el Magrama se comprometió a hacerlo a mediados de este mes) y la imposibilidad de ponerla en marcha, aunque no está prevista que lo haga hasta el mes de septiembre y sea por tres campañas hasta la 2018/19; el sector comienza a moverse y a agilizar los trámites que permitan perder el menor tiempo posible.
Para ello, la OIVE parece haber llegado a un acuerdo con una entidad financiera que estaría dispuesta a adelantar el coste de funcionamiento necesario en los primeros meses hasta que comience a hacerse efectiva la recaudación de los 0,23 €/hl de vino vendido envasado y 0,065 €/hl si lo es a granel, establecidos como cuota en la extensión de norma. Ello permitiría a la OIVE disponer de una estructura estable mínima, compuesta en un primer momento por un gerente a tiempo completo, cuya selección por parte de una empresa de personal se encuentra ya muy avanzada, tan solo pendiente de que en los próximos días la Ejecutiva de la OIVE elija de entre los dos o tres seleccionados a la persona indicada.
Aunque en estos momentos todavía no es posible concretar el nombre de la persona escogida, por lo que hemos podido saber dos de los candidatos están íntimamente relacionados con el sector, su profesionalidad es excepcional y estamos seguros de que cualquiera de ellos sabrá manejar con discreción los naturales roces que su puesta en marcha generará.
Su profundo conocimiento de las gentes que componen el sector vitivinícola español les ayudará en esta “delicada” tarea, y su firme convencimiento de que nos enfrentamos a una oportunidad histórica y, muy posiblemente, la última que tengamos en las próximas décadas, jugará a su favor para hacerla realidad.
Los datos que van apareciendo sobre el consumo interno, no solo los relativos a productos vitivinícolas; junto con la evolución de las exportaciones, a pesar del “Brexit” y las oportunidades que otros países como Chile ven en esta ruptura europea para hacerse con una mayor parte del mercado anglosajón; y el propio convencimiento de viticultores y bodegueros españoles, conscientes de que es el momento de dar el paso hacia delante e ir orientando el mercado hacia vinos con un mejor precio, prometen unos años apasionantes que confiemos los nuevos políticos que lleguen al Magrama sepan entender y se pongan a disposición del sector, colaborando y ofreciendo el marco legislativo conveniente.
Sería deseable que compartiesen la creencia de que solo desde la formación y la información es posible luchar contra el alcoholismo. Que solo la cultura es capaz de superar las políticas restrictivas e inquisidoras de prohibir y perseguir. Pero considerando lo hecho hasta ahora y la postura mantenida, quizás esto sea mucho pedir. Así es que mejor aspiremos a que se estén quietos, dejen trabajar a los empresarios y organizaciones del sector y crean en nuestras posibilidades.
Un buen ejemplo de esto sería la decisión adoptada el pasado 30 de junio por la Conferencia Sectorial Magrama-CCAA de crear un Grupo de Alto Nivel que trabaje por salvaguardar más allá del 31 de julio de 2018 los Programa de Apoyo Nacional al Sector Vitivinícola Español (PASVE), acompasándolo a los plazos de la Política Agraria Común (PAC) vigente hasta el 2020.
Claro que para lo que no debería ser utilizado el sector también fue un buen ejemplo esta reunión, ya que en ella volvió a suscitarse el tema de la gestión de estos fondos que algunas CC.AA. reclaman para ellas, cuestionando el actual modelo nacional-regional y dándole mucha menor importancia a su efectividad, coordinación o incluso control.