Una barrera más superada

Está bastante claro que el tema de la Organización interprofesional del Vino en España (OIVE) y su extensión de norma, lejos de solucionarse y permitir su puesta en marcha tras casi dos años transcurridos desde su constitución el 31 de julio de 2014, sigue levantando ampollas, que van más allá de cuestiones burocráticas o de procedimiento, como pudiera ser su publicación en el BOE.

El malestar creado entre la OIVE y las Denominaciones de Origen españolas, representados por la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) promete ir mucho más allá y convertirse en un grave obstáculo para su desarrollo.

La convicción con la que desde las organizaciones fundadoras de la OIVE se entiende que no es posible legalmente darle cabida a los Consejos Reguladores como socios, al no poder incluirse en el ámbito profesional recogido en el artículo 6 de sus Estatutos; contrasta con la posición mantenida por la CECRV que, ante lo publicado en la pasada editorial anunciando que “…parecen superados los primeros roces…”, se han apresurado a aclarar, con gran rotundidad, en una nota interna que “…no entendemos en qué se basa esa afirmación, porque la posición de la CECRV o de los Consejos Reguladores en relación a la OIVE no ha variado en modo alguno en los últimos meses. Tal y como ha quedado de manifiesto en las últimas dos asambleas generales, se le ha transmitido que los Consejos Reguladores siguen sin entender ni aceptar que no se haya contado con ellos para darle forma a la OIVE…”

¿Ha sido esta una de las razones? ¿El peso de la Asociación de Empresas del Vino de España (AEVE) donde se encuentran integradas empresas de Castilla-La Mancha y Extremadura, de gran peso en el sector, a la que se le da entrada con un 10% de representatividad en la rama comercializadora? ¿La provisionalidad del Gobierno en funciones? ¿O un poco de cada una lo que ha llevado a dilatar la puesta en marcha de la extensión de norma?

No lo sabemos. Pero poco importa, mientras se lleve a delante de una vez por todas. El sector necesita, si me lo permiten, como agua el viñedo, esta Interprofesional que ponga un poco de orden, que coordine actuaciones, que ponga en valor las sinergias de sus integrantes y recupere el consumo, dotando al sector de mayor información y transparencia, que acabe traduciéndose en mayor rentabilidad.

Sus Estatutos establecen perfectamente los requisitos para obtener la condición de asociado en su Título III y, por lo visto, eficientemente. Lejos de “parecer” encauzado el problema, se mantiene el conflicto sobre la incorporación como asociados de las Denominaciones de Origen. Un tema en el que, de una forma u otra, tendrán que entenderse, pero que, en mi opinión, no debería ser ningún impedimento para cualquier acuerdo. Y el Magrama, en funciones o no, deberá gobernar y publicar en el BOE lo acordado por el sector.

Confiemos en que, tras el visto bueno del Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, lo que suceda sea la publicación de la Orden Ministerial y no, como algunas fuentes aventuraban, que lo que vaya a recoger sea un anuncio oficial, similar al que se publicó el pasado noviembre, por el que abriría un plazo para remitir alegaciones.

Si esto es así y a lo largo de junio ve la luz, a partir de la campaña 2016/17 y para tres campañas (1 agosto a 31 de julio), en base a las declaraciones obligatorias del Sistema de Información Vitivinícola (INFOVI), se establecerán las cuotas devengadas en el momento de la salida del vino comercializado, con independencia del año de producción, a abonar obligatoriamente por todos los operadores, cuyas cuotas se mantienen en 0,065€/hl para el vino comercializado a granel y 0,23 €/hl para el envasado, sea cual sea su destino.