Dos buenos ejemplos

Mientras las Denominaciones de Origen, a través de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), toma la iniciativa y aborda el grave problema del consumo de vino en España, poniendo el dinero necesario para realizar una nueva campaña, esta vez bajo el título: “Movimiento Vino D.O.”, con la que revitalizar el consumo de vino entre los jóvenes;   la puesta en marcha de una Organización Interprofesional del Sector Vitivinícola (OIVE) hace agua por todos los sitios y desinfla una aspiración histórica del sector con la que disponer de una mayor, mejor y más actualizada información. Así como una herramienta con la que ser capaz de realizar acciones conjuntas a favor del sector en su conjunto y que, básicamente, repercutan sobre la rentabilidad, transparencia y recuperación del consumo de vino en España.

Parecía que la firma del documento de constitución de la OIVE era un principio lo suficientemente sólido como para creernos que podía ser verdad. Que el sector vitivinícola español, por fin, tendría una Interprofesional que defendiera los intereses colectivos y dispusiera de recursos con los que ejecutar medidas encaminadas a su desarrollo. Es más, incluso el acuerdo alcanzado en la redacción de la extensión de norma, por la que se establecía el importe que cada uno de los operadores tendría que aportar, permitía pensar que se habían superado los recelos de épocas anteriores y la profesionalización del sector se había impuesto a posiciones dominantes de unos pocos.

Con lo que no contábamos era con que el organismo que menos tenía que decir en todo esto, el que se había hartado de animar al sector a que la sacara adelante, el que en todas las ocasiones que tenía aprovechaba para advertir que haría lo que el sector le pidiese que hiciera… Ese mismo organismo público, el Ministerio de Agricultura, sería el que acabara torpedeando su puesta en marcha.

Que haya empresas cuyos intereses se vean amenazados e intenten boicotear el proyecto es, hasta cierto punto, entendible. Que estos intereses se lleven hasta organizaciones empresariales dominadas por este tipo de empresas, también. Incluso, si me apuran, que algunas administraciones lo quieran utilizar para reivindicar aspiraciones políticas era previsible y sus técnicos demostraron suficiente cintura y habilidad para armar un mecanismo por el que minimizar sus consecuencias.

Pero que sea el propio Magrama el que, por inacción esté torpeando su puesta en marcha, permitiendo que aquellos que están obligados a cumplir con las obligaciones que emanan de nuestro ordenamiento jurídico no lo hagan, eso es, sencillamente, inadmisible. No es de recibo que el mismo organismo que se ha vanagloriado de amenazar públicamente a las bodegas en la pasada vendimia de hacer un seguimiento inquisitorial a quienes no cumplieran con la Ley de la Cadena de Valor, realice semejante dejación de funciones a la hora hacer cumplir la Ley y perseguir a quienes no se inscriban en el REOVI y realicen las declaraciones en el INFOVI.

En mi opinión, nos estamos jugando algo más que unas declaraciones, una información, un mejorar el valor de nuestras producciones o una Interprofesional con la que recuperar algo de nuestro consumo. Nos estamos jugando la misma esencia de un estado de derecho basado en la estabilidad jurídica.

Entre tanto, los Consejos Reguladores haciendo gala del buen hacer y el oficio de sus integrantes, y con mucho menos ruido, ponen el dinero, idean, desarrollan y ponen en marcha una campaña para abordar el mismo problema que la Interprofesional se plantea combatir entre sus objetivos prioritarios.

Dos buenos ejemplos de la voluntad de cada uno.