Si no fuese porque es un tema demasiado serio como para poder pensar que se trata de una tomadura de pelo, diría que lo que está sucediendo con el nuevo sistema de declaraciones obligatorias mensuales que debe poner en marcha la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) es totalmente incomprensible e inadmisible.
Que algunas Comunidades Autónomas no hayan volcado todavía los datos de los operadores en el REOVI es una flagrante falta de autoridad del Ministerio, organismo que debiera velar por el cumplimiento de las normas y permitir que los operadores españoles, pertenezcan a la Comunidad que pertenezcan, se sientan iguales ante la Ley.
Parece lógico y natural que la puesta en marcha de un nuevo sistema de declaraciones presente complicaciones en su puesta en marcha: rodaje de la aplicación informática, dudas, cuestiones no contempladas, matices que concretar… ¡Pero que quienes están obligados a cumplir la Ley no lo hagan! Eso lo único que demuestra es la ausencia de autoridad.
No es un problema de que las declaraciones se vayan a realizar cuatro meses más tarde, hasta el 31 de diciembre, de lo que estaba previsto. Y que el sector, consecuencia de esto, deba operar un año más sin más información para fijar sus estrategias comerciales que las estimaciones realizadas por diferentes organismos y asociaciones más o menos cualificadas. Al fin y al cabo es como llevan haciéndolo toda la vida (deben pensar). El problema es que ese mismo principio de autoridad podría hacer plantearse el cumplimiento de otras cuestiones. Como la obligatoriedad de que cualquier entrega de uva en la pasada vendimia vaya acompañada de su correspondiente contrato en el que figure el precio y compromiso de pago a los treinta días.
Afortunadamente el sector es bastante más serio que sus responsables políticos, y aunque no disponemos de datos concretos, parece que solo una pequeña parte de los viticultores, no más de un diez o quince por ciento, entregaron las uvas sin contrato escrito. Lo que hace presumir que tampoco haya sido mucha la incidencia que pudiera haberse producido en el pago de los mismos. Cuestión ante la que las bodegas se opusieron frontalmente y que, una vez cerrado el asunto con firmeza por el Magrama considerando la uva como un producto fresco perecedero, han cumplido sin rechistar.