Aunque hay que reconocer que la palma de la actualidad informativa se la llevan las vendimias, con sus estimaciones de producción y los precios de sus uvas y mostos; el sector sigue evolucionando y poniendo en marcha aquellas medidas diseñadas y aprobadas para fortalecerlo, hacerlo más trasparente y recuperar el consumo perdido.
La disposición pública de información estadística sobre producciones y existencias con una periodicidad mensual y la implantación de los contratos obligatorios, con la consiguiente necesidad de fijar precios desde el primer remolque que descarga en la bodega, y plazos de pago que no pueden ir más allá de los treinta días desde la descarga del último remolque de cada viticultor. Son dos cuestiones (mucho más la segunda que la primera) que han levantado muchas ampollas y generado graves tensiones, con amenazas incluidas, que, afortunadamente, la propia evolución de la vendimia ha ido relajando y que se convierten casi en costumbre. Otra cosa son los niveles de precios a los que las bodegas, de prácticamente todas las zonas de España, pretenden comprar las uvas y las protestas que ello ha generado entre un sector viticultor que no ve recompensado su trabajo, se siente vilipendiado y considera que aquella corresponsabilidad que debiera existir entre productores de uva y vino tan solo les es aplicable cuando es el lado de su tostada el que cae boca abajo.
Mucha menos controversia ha generado la obligatoriedad a la que se van a ver sometidos los operadores (productores y almacenistas mayoristas) el próximo 30 de septiembre (diez días más allá de lo que inicialmente estaba previsto), cuando de forma online deban formular la primera declaración mensual obligatoria. Tras ellas llegará el momento de conocer esos datos y comenzar a analizar las repercusiones que pudieran tener en la evolución de los mercados y sus cotizaciones.
En cuanto a la puesta en marcha de la extensión de norma acordada por la Organización Interprofesional del Vino en España (OIVE) y que obliga a los operadores a contribuir económicamente, la organización pretende que aquellos vinos envasados importados y que en la actualidad están exentos de las declaraciones y contribución, se incluyan como comercializadores en el mercado doméstico de vino de origen no español y paguen la correspondiente cuota de 0,23 €/hl a la que está sujeto el vino envasado.
Deseo que va mucho más allá de lo estrictamente económico, ya que las importaciones en nuestro país han sido históricamente muy bajas y, en consecuencia, su aportación económica apenas será testimonial en el total de los 5,7 millones de euros que la OIVE calcula recaudar anualmente; pero supondrá un ejercicio de justicia social de tal forma que todos los operadores se vean sujetos a las mismas obligaciones.
Momentos históricos los que está viviendo un sector vitivinícola español que parece haber asumido el papel protagonista que debe jugar en todo lo relacionado con su futuro y que está dando muestras de una madurez que, más tarde o más temprano, deberá tener su reflejo en el valor de nuestras exportaciones y la recuperación del consumo en el mercado interior. Efectos ambos que, sin duda, deberán redundar en la imagen que en los mercados (especialmente exteriores) tienen nuestros elaborados, de vinos de muy buena calidad y de muy bajo precio. Situación que nosotros tendemos a justificar esgrimiendo una inmejorable relación calidad/precio, y que en la mayoría de los casos no hace sino esconder nuestra incapacidad para valorizar nuestros vinos en mercados saturados a los que hemos llegado tarde y solo podemos entrar por el nivel más bajo de precio, dejando para el resto de categorías unas pocas referencias de muy escasas bodegas y denominaciones de origen.