No sé hasta dónde seremos capaces de llegar y lo que nos puede deparar el futuro. Por dónde pueden evolucionar nuestras exportaciones o lo que del consumo interno podamos recuperar. Las consecuencias sobre la cuenta de resultados de las bodegas, o el impacto que sobre los precios de venta al público puedan acabar teniendo. Pero lo que está claro es que el sector parece estar dispuesto a tomar medidas y afrontar sus problemas estructurales de una forma seria, llevando a cabo cuantos cambios sean necesarios para hacer frente a cuestiones tan básicas y transcendentales como son el consumo interno, la información estadística o la seguridad jurídica.
De algún modo todo esto habrá que pagarlo, bien con esfuerzos como el que se requiere de las bodegas con la cumplimentación de las declaraciones mensuales de producción y existencias, mediante las cuales se pretende conocer (casi en tiempo real) la marcha del mercado y poder así adaptar mejor sus cotizaciones a las circunstancias. A las entidades financieras que deberán abrir líneas de crédito nuevas con las que poder realizarse los pagos de las uvas en plazos mucho más reducidos de los que hasta ahora venían siendo aplicados, cuyo coste financiero todavía está por ver quién acabará soportándolo. Y a los productores que deberán pagar 23 céntimos por hectolitro de vino envasado que salga de su bodega y 6,5 si el vino es comercializado a granel, con independencia de si el destino final es el mercado nacional o la exportación; o si el productor está vinculado o no la Interprofesional (OIVE).
Con estas medidas se pretende que a partir del uno de enero y por un periodo de tres años, la OIVE aproveche la información emanada de las declaraciones para dotarse de los fondos suficientes con los que poder poner en marcha medidas encaminadas a la recuperación del consumo interno de vino. Cinco millones setecientos mil euros por ejercicio suponen un montante lo suficientemente importante como para albergar la esperanza de que se tomen medidas eficaces con las que dotar de estructura e infraestructura a la Interprofesional, realizar campañas de promoción del consumo, valorizar la cadena agroalimentaria vitivinícola de una forma sostenible y equilibrada, así como mejorar el posicionamiento y la competitividad del sector vitivinícola español en los mercados, a través de la información y del desarrollo de actividades en materia de investigación e innovación sectorial.
Como les decía, ignoro en qué acabará todo esto, pero apunta bien. Parece que el sector ha tomado conciencia de que él, y solo él, debe resolver sus problemas, definir sus soluciones y dotarse de los fondos con los que llevar a cabo sus planes y estrategias de futuro.
No hace muchos años nos cuestionábamos si el sector era lo suficientemente maduro como para tomar decisiones de esta transcendencia, nos preguntábamos hasta qué punto debía ser la Administración la que coordinara todas estas medidas y pusiera un poco de orden entre los diferentes colectivos afectados. Incluso mirábamos al consumidor como algo que era totalmente ajeno a nuestros problemas y solo podía ser considerado como objeto de deseo.
Hoy, no solo el consumidor ha pasado a ser parte importante del problema, sino que se ha convertido el fin mismo de su solución, el objetivo a quien van enfocadas todas las medidas que se toman y el único que tiene la capacidad de cambiar la situación. Las etapas de señalarlo como culpable del descenso de ventas han dado paso a otras en las que se asume la incapacidad de evolución y de adaptación a los cambios que ha experimentado la sociedad en los últimos decenios, asumiendo que la información y formación son las únicas vías mediante las cuales será posible ese acercamiento que acabe fructificando en una alianza entre lo que produzcamos y lo que se consuma.