Dejando a un lado el personalismo que parecen encontrar algunos medios periodísticos en el importante problema al que se enfrenta el sector, al tener que pagar en un plazo máximo de treinta días la uva destinada a la vinificación; y que afecta a todos por igual y tiene su principal escollo en la calificación de la uva de vinificación como producto perecedero. Parece conveniente aclarar que la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), organismo competente en la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, mantiene el criterio de que se trata de un producto fresco de acuerdo con la definición legislativa y que, por consiguiente, le es de aplicación el pago a 30 días.
Considerando que se han recibido distintas comunicaciones sobre posibles incumplimientos por parte de algunas Comunidades Autónomas y organizaciones agrarias como COAG o Asaja, se ha procedido a la apertura de algunos procedimientos de diligencias previas para analizar los indicios, que en el caso de ser calificados de razonables, tendrán como consecuencia que el sector del vino pasaría a incluirse en el plan de control de inspecciones de oficio. Amén, claro está, de aquellos casos concretos que se denunciaran ante la Agencia por el incumplimiento de la Ley.
Sea como fuere que acabe este asunto, lo bien cierto es que la forma de proceder que tradicionalmente tenía el sector se va a ver modificada sustancialmente. Pues si bien no se puede aseverar, y mucho menos generalizar, que las bodegas en España dilataran el plazo de pago de la uva más allá de los 60 días que marcaba el marco jurídico anterior, sí se puede afirmar, con cierta rotundidad, que eran muy pocas las que lo hacían en ese plazo de treinta días que impuso la Ley 15/2010 y la Ley 12/2013 que entró en vigor el 3 de enero de este año, por la que se incluyó entre las infracciones graves el incumplimiento de estos plazos, con sanciones que van desde los 6.000 a los 30.000 euros.
Muy posiblemente, y a pesar de los recursos presentados por la D.O.Ca. Rioja y las conversaciones mantenidas por la FEV con la Ministra, parece poco probable que esta interpretación que se hace de la Ley en la AICA vaya a cambiar, y sus plazos modificarse.
El que no parece esperar es el consumo en los hogares, cuyos últimos datos publicados y referidos al mes de agosto, señalan una nueva caída en todas las categorías del 7,12% en volumen y 7,11% en valor, situando su precio medio en 1,89€/litro. En datos interanuales, solo los vinos con Indicación Geográfica Protegida o D.O.P. mantienen el tipo a duras penas, y aumentan su consumo un 1,19%, dejando el consumo per cápita para el conjunto de las categorías por debajo de los diez litros (9,89) por segundo mes consecutivo. Y para este problema, que a mi juicio es mucho más importante que si pagan a treinta o sesenta días la uva, nadie parece tener ideas. Ni tan siquiera una Interprofesional que avanza tan lentamente en su proceso constitutivo que confiemos no sea el preámbulo de sus iniciativas.