Tal y como era de prever, teniendo en cuenta el escaso margen de maniobra con el que cuenta el Magrama, la propuesta lanzada el pasado viernes por el secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, de inmovilizar entre tres millones y medio y cuatro millones de hectolitros de vino blanco sin indicación geográfica en aquellas regiones donde su producción hubiese sido muy elevada, y que debería afectar a aquellos productores con rendimientos muy altos, se ha topado con el problema presupuestario que ha resuelto con el establecimiento de una norma que no llevará pareja ninguna remuneración.
Esta norma afectaría a todos los vinos blancos que no estuvieran amparados por alguna indicación geográfica protegida y cuya producción regional hubiese sido superior al 50% de la media de las últimas (no concreta) campañas, viéndose obligados todos aquellos productores cuyo porcentaje (tampoco concretado) superase la producción media. El periodo sería de seis meses y, dadas las fechas en las que nos encontramos, superaría ampliamente el 30 de septiembre. Correspondiendo a las comunidades autónomas el control de esa inmovilización de vino.
Aunque, teniendo en cuenta cuál ha sido la reacción del sector productor, tampoco sería de extrañar que todos los problemas de caída de precios y calidades cuestionables, desaparecieran y optasen por asumir esos volúmenes, hasta ahora, incapaces de digerir, y optasen por solicitar del Ministerio que olvidase una medida por la que no recibirían ninguna compensación económica y que tendría como contraprestación la indisponibilidad de unos depósitos que en muchos casos se han visto obligados a ampliar ante la experiencia de la pasada vendimia y la vuelta al mercado de unos vinos, allá por el mes de enero (seis meses desde que se publique el Real Decreto), que vendrían a sumarse a una cosecha sobre la que no consiguen ponerse de acuerdo a la hora de cuantificar cuál pudiera ser su volumen.
La teoría de la excepcionalidad es la más extendida, pero también los hay que consideran que las poco menos de trescientas mil hectáreas reestructuras en España y la profesionalización de muchas de estas infraestructuras han provocado un aumento considerable sobre los rendimientos tradicionalmente obtenidos en estas regiones (Castilla-La Mancha, Extremadura y C. Valenciana, incluso Murcia). Cuestión para nada baladí, ya que si estuviéramos hablando de un problema estructural y, por suponer algo, en octubre nos enfrentáramos a una cosecha de 48 millones de hectolitros, esta medida, lejos de solucionar el problema, lo extendería a la próxima campaña.
Por otra parte da la sensación, o al menos así me lo parece, que desde el Ministerio se tiene la intención de aprovechar la situación en aras de conseguir una mayor concienciación en el sector sobre la necesidad de crear una interprofesional que fuera capaz de manejar estas situaciones. Y bajo el argumento de que “debe ser el sector el que solucione sus propios problemas” o de que “la administración no cuenta con recursos para hacer frente a costosas medidas como destilaciones extraordinarias”, a las que, dicho sea de paso, se oponen aquellas CC.AA. que no se han visto afectadas por esta sobreproducción, quiere forzar la situación y dar una especie de “escarmiento” (quizá el término resulte un poco exagerado) con el que conseguir que, de una vez por todas, se organice y reestructure su producción con planes concretos de cuál es el sector que quieren tener en el horizonte del medio y largo plazo, y comiencen a tomar medidas.