Ya sabemos que no es lo mismo predicar que dar trigo. Que este sector es muy proclive a alzar la voz cuando tiene un problema, pero muy poco dispuesto a alcanzar acuerdos sectoriales que permitan una planificación. Incluso que los políticos son como veletas que están sometidos a vientos de direcciones muy distintas y que tienen la meritoria habilidad de encontrar razones para desdecirse con la misma facilidad que las encontraron para defender su argumento inicial.
Dejando a un lado la imagen que podamos dar en el exterior (que no es una cuestión baladí, pero ahora mismo hay cuestiones que me parecen más importantes), el sector vuelve a dar muestras de una completa desorientación y roza el cachondeo.
Sabemos que la celeridad con la que son conocidas y publicadas (vamos a pensar que no son retenidas) las estadísticas del Magrama no es precisamente una cuestión de la que poder sentirse orgullosos. Por lo que una vez presentado el borrador de Real Decreto que incluía la destilación obligatoria y que debía ser aprobado inmediatamente, esgrimir como todo argumento para justificar su retraso que la medida no será aplicable al menos hasta septiembre “cuando se conozcan los datos exactos del vino que hay realmente almacenado” parece una excusa bastante peregrina que servirá para dejar morir en el olvido la medida.
Y dejando a un lado opiniones sobre si esta media era adecuada, si afectaba a quienes realmente debía dirigirse; si debía haberse adoptado antes de que hubieran caído los precios hasta los niveles que lo ha hecho. Incluso si su anuncio para lo único que ha servido ha sido para que las cotizaciones bajen todavía más ante la urgencia de las bodegas de dar salida a un vino cuya contabilidad en sus instalaciones supondría un importante coste añadido. Lo único realmente incuestionable es que el Magrama ha vuelto a poner en evidencia la debilidad política en la que se encuentra como consecuencia del marco territorial de nuestro país.
Bueno, de eso, y de una inocencia no sé si admisible. Ya que no creerán que una medida que iba dirigida “exclusivamente” a una región: Castilla-La Mancha y especialmente a un colectivo: las cooperativas, aunque también a importantes bodegas con un notable peso; iba a pasar inadvertida y asumida sin más razonamiento que la asunción de una situación de la que no se sienten ellos solos responsables.
Claro que visto lo visto no sé qué es peor, si la sensación de ninguneo al que se ha visto expuesto el Magrama. O la posibilidad de que en el “otro gran asunto” que afecta al sector: la interprofesional, cuya constitución también ¿era, es? inmediata, se produzca algo parecido cuando llegue el momento de concretar el reparto de los asientos y la contribución de cada uno.