A los más viejos del lugar, si les digo Mariann Fischer Boel, Elena Espinosa, arranque de viñedo, reforma de la OCM… sabrán enseguida de lo que les hablo.
Para aquellos más jóvenes, o de memoria más selectiva, les diré que, allá por el año 2006, la entonces comisaria de Agricultura, Mariann Fischer, bajo el argumento de “evitar una crisis más profunda y plantar cara al Nuevo Mundo”, propuso una reforma de la Organización Común del Mercado (OCM) del sector vitivinícola basada en buscar el equilibrio entre producción y comercialización.
Si bien su planteamiento iba acompañado de otras medidas como la nacionalización de los fondos sectoriales o la autorización de indicar variedad y añada en el etiquetado de los vinos sin indicación geográfica, así como prohibir la chaptalización de los vinos… Este objetivo de equilibrio encontraba su piedra angular en el arranque de 400.000 hectáreas de viñedo, en un periodo de cinco años y con la ayuda de 2.400 millones de euros. Eso sí, de una forma voluntaria, pero con una prima que resultara lo suficientemente atractiva para los viticultores como para incentivar a aquellos no competitivos a abandonar el sector.
Con no pocas dificultades, la reforma de la OCM del sector vitivinícola vio la luz y con ella algunas de las medidas más utilizadas por nuestras bodegas, como pudiera ser la destilación de alcohol de uso de boca, las restituciones a la exportación, el almacenamiento privado… El arranque de viñedo no fue aceptado.
De hecho, esta modificación y la consideración de que el vino destinado a la destilación para la obtención de alcohol de uso de boca no era una utilización sino una forma de eliminar excedentes nos ocasionó un importante problema de desequilibrios al que tardamos varios años en acomodarnos.
La nacionalización de los fondos europeos destinados al sector, alrededor de mil trescientos millones de euros, entre los diferentes Estados Miembros en función de su histórico, supuso la creación de los Programas de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASV), centrados inicialmente en el Pago Único para, tras un breve periodo, hacerlo en la reconversión y reestructuración de nuestro viñedo hacia variedades más adaptadas a los gustos de los consumidores y que dieron en llamar “mejorantes”.
Pues bien, casi veinte años después, nos encontramos que hemos perdido más de ciento sesenta y cinco mil hectáreas; hemos reestructurado y reconvertido hacia esas “variedades mejorantes”, más de cuatrocientas ochenta mil hectáreas; y mantenido la producción por encima de los cuarenta y tres millones de hectolitros (sólo contenida por los calamitosos efectos propiciados por un Cambio Climático que nos ha traído largos y prolongados periodos de sequía).
Y, ¿todo esto para qué?
Pues para que el desánimo se apodere de nuestros viticultores ante la falta de rentabilidad de sus explotaciones y se acentúe el problema del relevo generacional. Propiciando la solicitud por aquellos mismos que lucharon por que no se produjera, del abandono definitivo del viñedo. Un escenario mundial de consumo a la baja y una seria amenaza de las autoridades sanitarias hacia el consumo de vino.