Sin saber muy bien todavía si detrás de este análisis se encuentra una verdadera estimación de la evolución del mercado, o más una intención y la justificación de una postura que se anuncia negativa respecto a la dotación de fondos extraordinarios al sector para solucionar el grave problemas de excedentes que, a nivel europeo, ha generado esta pandemia en sus bodegas; el hecho es que la Comisión Europea, en su informe de primavera sobre “Perspectivas a corto plazo de los diferentes mercados agrarios en la UE”, en el apartado dedicado al sector vitivinícola, vaticina unas existencias para final de campaña de 167 millones de hectolitros, lo que representaría una caída del 1% respecto la media de los últimos cinco años. Todo ello gracias a una producción estabilizada en el entorno de los 158 Mhl, una destilación de un mayor volumen de vino como consecuencia de las medidas extraordinarias adoptadas con la destilación de crisis de 7 millones de hectolitros, el mantenimiento del consumo per cápita en los 24,8 litros y un aumento de las exportaciones del 3%, impulsadas, fundamentalmente, por el levantamiento de los aranceles de Estados Unidos.
Cifras todas ellas que nos alegran y deberemos confiar en que así acaben resultando, pero que en nada vienen a solucionar un grave problema de mercado para el que son necesarios muchos más recursos de los que pudieran provenir de los que ya cuenta el sector a través de sus PASV y que la Comisión parece decidida a no satisfacer. Dando la sensación de que estas cifras tan positivas, más que una evolución de la que sentirse satisfechos y esperanzados ante el futuro del sector, encierran un argumento más que añadir a la tradicional falta de recursos económicos para justificar la postura que, dentro de dos semanas, deberá adoptar la CE sobre la solicitud formulada por España y avalada por otros 14 de los 27 países miembros de dotar al sector de fondos extraordinarios.
Mientras esta decisión llega, el sector sigue haciendo su trabajando y presionando para que puedan adoptarse medidas que ayuden a reactivar la actividad comercial y recuperar un cierto equilibrio en un mercado, cuyas cotizaciones están por los suelos y sin saber muy bien si ya han tocado fondo o todavía deberán soportar caídas mayores que acentúen los graves problemas financieros que están poniendo en duda la viabilidad de muchas pequeñas bodegas de las más de tres mil que en nuestro país tienen menos de 10 trabajadores y que conforman el verdadero tejido productivo de nuestro sector vitivinícola.
Situación que está viéndose fuertemente perjudicada por tensiones internas relacionadas con cuestiones judiciales que nunca deberían haber llegado a tal extremo. Pues al grave perjuicio que a cada uno de los dos grandes grupos bodegueros involucrados ocasionará, habría que añadir la imagen que sobe el propio modelo de las denominaciones de origen y el control que deben desarrollar sus consejos reguladores está provocando en la mayoría de los consumidores que, lejos de ver disputas empresariales intestinas y encarnizadas, acaban cuestionándose el valor de esas marcas colectivas.
Inconveniente que dista mucho del vivido en una de las históricas y, sin duda, la más prestigiosa Denominaciones de Origen de las que contamos en nuestro país, en la que cuestiones de índole político y escasamente relacionadas con el propio sector vitivinícola están obligando a dedicar unos recursos (escasos y tan necesarios para luchar por el mercado en estos momentos tan complicados) a defender su historia e identidad.
Ambas materias, muy diferentes entre sí pero que, lejos de ayudar, no hacen sino ser un obstáculo para su recuperación.