Una decisión difícil

Es pronto todavía para conocer, ni tan siquiera intuir con cierto grado de acierto, lo que puede suceder esta campaña, donde la recuperación generalizada de la producción y el estancamiento del consumo están condicionando de cierta manera el desarrollo de su actividad comercial.

La opinión más generalizada es que las cosas no pintan bien. La presión de los distribuidores por negociar a la baja las tarifas que a duras penas consiguieron aumentar el pasado año, está alarmando a los bodegueros, especialmente a los grandes operadores para los que es completamente imposible desarrollar su negocio sin la colaboración con estas empresas. Hasta el momento se ha conseguido frenar un descenso muy acusado, pero la presión continúa siendo muy fuerte y las posibilidades de acabar teniendo que ceder, muy altas.

Tampoco ayudan mucho las perspectivas de nuestro mercado exterior, claramente en descenso y sobre el que pesan muchas dudas sobre cuál será su capacidad para mantener operaciones cuando los volúmenes de producción propia se han recuperado claramente en esos países destino y sus necesidades de abastecerse de fuera han menguado considerablemente.

Y mientras todo esto sucede el sector productor sigue divagando sobre si tomar medidas que afecten al mercado, o dejar que él mismo se regule y busque su equilibrio. Destilaciones e inmovilizaciones han acaparado el protagonismo de las reuniones que sector y administraciones están manteniendo en estos días, con resultados muy desiguales según comunidades autónomas y operadores. Descartada la propuesta realizada al principio de la vendimia de autorizar un enriquecimiento con mosto concentrado o concentrado rectificado que hubiera supuesto la puesta en el mercado de un volumen estimado entre tres y cuatro millones de hectolitros, que ahora deberán encontrar colocación en utilización diferente a la de vino para consumo; hay que tomar la decisión de si intervenir o no, y no es una decisión fácil.

Si se opta por no hacer nada y las cotizaciones se desploman, las acusaciones de inacción que se verterán sobre las administraciones regionales serán numerosas en un periodo electoral (donde estas decisiones se pagan con los votos). Si, por el contrario, se interviene sus repercusiones inmediatas serán menores, pero caben muchas posibilidades de que llegado el momento de tener que levantar las inmovilizaciones nos enfrentemos a un panorama de una cosecha normalizada, en el entorno de los cincuenta y cinco millones de hectolitros. Lo que podría agravar más aún la situación.

Una decisión difícil en la que mucho nos tememos que no solo lo mejor para el sector será tenido en consideración.